Buenos Aires.

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, aseguró hoy que la marcha realizada el miércoles pasado no fue un homenaje al fiscal fallecido Alberto Nisman, al cumplirse un mes de su muerte no aclarada, sino que se trató del bautismo de fuego del partido judicial, mediante el cual se intenta desestabilizar al Poder Ejecutivo. La movilización fue convocada por fiscales cercanos a la oposición e incluso personajes allegados a la dictadura.

“Allí está el verdadero hecho político e institucional de la marcha del 18F. La aparición pública y ya inocultable del partido judicial”, afirmó Fernández sobre la denominada marcha del silencio en homenaje a Nisman, convocada por un grupo de fiscales federales.

Nisman fue hallado muerto el 18 de enero, un día antes de su prevista presentación ante el Congreso para presentar los detalles de su acusación acerca de que la presidenta y altos funcionarios del gobierno hicieron un acuerdo secreto con Irán para proteger a agentes de ese país presuntamente responsables del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que en 1994 dejó saldo de 85 muertos y más de 300 de heridos.

La presidenta insistió en que esta no fue una marcha del silencio ni un homenaje a una persona trágicamente fallecida, sino una marcha opositora convocada por fiscales y apoyada por todo el arco político opositor para desestabilizar al gobierno.

Para la mandataria, ese partido judicial –integrado por grupos de jueces y fiscales vinculados y promocionados por los grandes medios y grupos económicos– suplantaría al partido militar en su rol en el trágico pasado de una forma más sofisticada.

“Ya no se trata de golpes violentos que interrumpen el funcionamiento de las instituciones y de la Constitución. La modalidad es más sofisticada. Articula con los poderes económicos concentrados y fundamentalmente con el aparato mediático monopólico, intentando desestabilizar al Poder Ejecutivo y desconociendo las decisiones del Legislativo. O sea, un súper poder por encima de las instituciones surgidas del voto popular, sostuvo.

También criticó al fiscal Gerardo Pollicita, quien decidió continuar la investigación contra la presidenta por la supuesta maniobra organizada para brindar impunidad a siete iraníes acusados de participar en el ataque a la AMIA.

Resultan sorprendentes los motivos que alega el fiscal Pollicita para no concurrir al Congreso de la Nación a explicar una denuncia tan importante en la que ella estaría involucrada así como el canciller y un diputado, entre otros, indicó.

Por otro lado, opositores exigieron a la mandataria que separe del cargo al vicepresidente Amado Boudou, procesado por supuesto cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.