Durante el primer año de este sexenio, las entidades federativas que recibieron mayor presupuesto para seguridad pública tuvieron también la mayor incidencia delictiva: Distrito Federal, estado de México, Baja California y Jalisco.

En un documento elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se expone esa relación.

El organismo advierte que la política de seguridad requiere ser revisada y reconducida, toda vez que de 2010 a 2013 la incidencia criminal subió 36.2 por ciento en promedio anual.

El esfuerzo presupuestario realizado en el pasado no ha sido suficiente para hacer frente al problema estructural del país: la debilidad de las instituciones de seguridad pública y la impartición de justicia para restablecer el estado de derecho.

La ASF explora otro fenómeno relacionado con la debilidad institucional: la proliferación de empresas privadas que brindan servicios de seguridad.

En años recientes destaca el aumento de 400 por ciento de empresas de ese tipo en Durango; le sigue Nuevo León, Yucatán, Puebla y Sinaloa.

Cuatro entidades concentraron en 2013 el crecimiento de éstas: DF, Jalisco, estado de México y Nuevo León con 74.1 por ciento.

A mayor violencia, se refuerzan las medidas de seguridad también en los hogares.

De 2001 a 2013, a la par del recrudecimiento de la incidencia delictiva, el número de hogares que tomó medidas aumentó 35.5 por ciento. Encabezan la lista estado de México, Michoacán, Baja California Sur, Campeche y Chihuahua.

Durante el primer año de esta administración más de la mitad de los hogares en cuatro entidades tomaron medidas de protección: estado de México, Nuevo León, Baja California y Quintana Roo.

En ese periodo (y hasta el día de hoy, con el mayor número de denuncias ante las agencias del Ministerio Público), el estado de México ocupa el primer lugar en incidencia delictiva, con 93 mil ilícitos.

En materia de reincidencia, en 2013, de cada 100 que salieron de la cárcel, sólo uno se colocó en un puesto laboral.

Si bien en el periodo 2007-2013 aumentaron significativamente las actividades en centros de reclusión, la reincidencia subió 507 por ciento.

No se está cumpliendo con el objetivo de la reinserción social, advierte la ASF en el apartado de la revisión del desempeño de la Secretaría de Gobernación, coordinadora del gabinete y responsable de la estrategia de seguridad del país.

De 2007 a 2013, el costo de la puesta en marcha de la política en seguridad pública aumentó 8.2 por ciento cada año, en promedio, al pasar de 70 mil a 112 mil millones.

La ASF muestra que en el primer año de este sexenio, el avance fue de menos de uno por ciento, respecto al gasto de 2012.

Las prioridades del Estado en la materia se tradujeron en un creciente ejercicio de recursos públicos con mayor énfasis en la impartición de justicia y prevención del delito en contraste con la procuración de justicia, el menos favorecido en términos de recursos ejercidos.

En el documento de 368 cuartillas, incluido en los resultados de desempeño 2013, la ASF emite consideraciones en cuanto a prevención del delito, procuración de justicia, imparticion de justicia, coordinación, reinserción social y debilidades en el sistema de rendición de cuentas, entre otros temas.