La nula prevención del crimen, ineficiencias en la investigación y persecución de los delitos, la falta de efectividad del sistema de justicia penal y la ausencia de mecanismos eficaces de reinserción social en el país generaron que en 2013 la ciudadanía mostrara niveles de desconfianza de 79 a 93 por ciento en la policía ministerial o judicial, en el Ministerio Público y en las procuradurías estatales.

La evaluación, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y contenida en la cuenta pública de 2013, advierte que dadas las condiciones de inseguridad, la población ha optado por hábitos de autoprotección y prevención, tanto para sus personas como para sus bienes. Por tal razón el mercado de la seguridad privada creció 58 por ciento, al pasar de 217 empresas registradas en 2007 a 343 en 2013.

El gasto para contratar dichas empresas se elevó en el mismo periodo de 53 mil 698 millones de pesos a 92 mil 696 millones.

El informe, titulado Política pública de seguridad, destaca el fenómeno de decrecimiento de las fuerzas del orden en todos los ámbitos. En 2010 se tenía registrado un total de 569 mil 77 efectivos, incluyendo el Ejército Mexicano y la Marina, cifra que se ubica para 2013 en 544 mil.

En contraste, el personal de las empresas de seguridad privada a escalas estatal y federal se incrementó en 25.8 por ciento entre 2010 y 2013. Al inicio del periodo el número de agentes privados fue de 118 mil 948 y tres años después creció a 149 mil 674.

La ASF, en su evaluación advierte que la problemática de prevención del delito no se ha logrado abatir porque hasta 2012 la extinta Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación no elaboraron diagnósticos ni programas de prevención del delito orientados a la atención de homicidios, secuestros y extorsiones, los cuales generan un alto impacto en la sociedad. El órgano fiscalizador refiere que desde la cuenta pública del año 2009 ya había advertido de dicho problema.

Durante 2012 las dependencias citadas carecieron de sistemas de información de las acciones implementadas en materia de prevención del delito, lo que impidió dar continuidad a los programas y estrategias enfocadas a disminuir las amenazas, el riesgo y las oportunidades de que el delito ocurra. A esto se suma el señalamiento de que la actual Policía Federal no ha separado del cargo al total de los servidores públicos que incumplieron con los requisitos para permanecer en la institución.

En otra página ominosa, de la que hace referencia la ASF, se señala que las quejas por la actuación del Ministerio Público Federal y sus órganos auxiliares se incrementaron en 17.4 por ciento en 2013; las estadísticas indicaron un rendimiento decreciente de la efectividad de los agentes del MP Federal en la atención de denuncias, así como un incremento en las averiguaciones previas consignadas que son devueltas por la autoridad judicial, lo cual, aunado al incremento de percepción de inseguridad y los bajos niveles de confianza en las instituciones, permiten determinar que no existe evidencia contundente de la eficacia en la procuración de justicia.