Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados emitieron una solicitud formal al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, para que acuda al órgano legislativo a explicar su política de violación a derechos humanos, traducida en la detención de 111 dirigentes sociales y 46 presos políticos.

Además, los diputados José Luis Muñoz Soria y Roberto López Suárez –que estuvieron acompañados por los activistas poblanos Josué Xicale, Guillermo Estrada y Martha Angélica Andrade– señalaron que Moreno Valle pretende ejecutar 30 órdenes de aprehensión contra otros líderes sociales, razón suficiente para obligar al gobernante a presentarse ante la Comisión de Derechos Humanos.

Muñoz Soria lamentó que continúen los operativos para detener a ciudadanos de la entidad, y representantes del Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla denunciaron que además de seguir suspendido el diálogo, prevalecen las amenazas, levantones y agresiones físicas a luchadores sociales de la entidad.

Pendiente liberación de presos políticos

Josué Xicale, de Ciudadanos Unidos por Cholula Viva y Digna, relató que el 21 de enero en una reunión en Gobernación con el subsecretario Luis Miranda Nava y el representante del gobierno estatal, Luis Maldonado Venegas, el delegado de la dependencia en la entidad aceptó integrar una mesa de diálogo. Sin embargo, después el delegado de Gobernación en Puebla, Noé Rodríguez Roldan, les informó de la suspensión del diálogo y quedó pendiente la liberación de los presos políticos Alejandro Paul Xicale Coyopol, Adán Xicale Huitle; de los hermanos Primo y Albino Tlachi, así como de Rubén Sarbia Sánchez Simitrio y su hijo Rubén Sarabia Reyna.

Refirió que además de ello han ocurrido hechos lamentables y condenables como el desalojo violento de los estudiantes del Colectivo Universitario por la Educación Popular de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.