La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados condensó las propuestas de los partidos respecto del sistema nacional anticorrupción, del que se deja fuera al presidente de la República y a los gobernadores de los estados, y que estaría a cargo del auditor superior de la Federación, el fiscal anticorrupción, el presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, así como de un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Consejo de Participación Ciudadana.

Ayer, Julio César Moreno (PRD), presidente de la comisión, explicó que los partidos también coinciden en reformar la Constitución para que proceda la extinción de dominio, en los casos en que se compruebe enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.

También que se fortalezca el papel de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que incluso pueda fiscalizar el gasto de los órganos autónomos.

Al respecto, los grupos parlamentarios plantearon modificar el artículo 79 constitucional para reconfigurar a la ASF, con objeto de eliminar la limitación de realizar auditorías anuales, para que puedan llevar a cabo revisiones en tiempo real y de presupuestos anteriores.

Además, concederle más facultades para fiscalizar recursos federales en fideicomisos, fondos y mandatos públicos y privados.

Todos los grupos coincidieron en que la auditoría requiere promover acciones ante las autoridades competentes, derivado del informe de revisiones efectuadas en tiempo real.

El órgano fiscalizador contaría con legitimidad para presentar denuncias ante la fiscalía anticorrupción y ejercitar demandas ante el Tribunal de Justicia Administrativa contra servidores públicos y particulares por faltas graves.

Los partidos propusieron eliminar el principio de secrecía de información en materia fiscal o relacionada con operaciones de ahorro e inversión de recursos monetarios cuando se presuma su relación con actos de corrupción, y aumentar al menos cinco años más la imprescriptibilidad de actos u omisiones de responsabilidad administrativa considerados graves.

Otra de las coincidencias se refiere a la designación de los órganos de control interno de las instancias constitucionales autónomas, por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión respectiva.

Según su calendario, emitido la semana anterior, la comisión prevé aprobar el dictamen respectivo a más tardar el martes, para que el pleno de la Cámara lo discuta el jueves 26.