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Confrontan PAN-PRD a PRI-PVEM

Pugna entre legisladores por ley de transparencia
 
Periódico La Jornada
Viernes 20 de febrero de 2015, p. 15

Senadores de PRI y PVEM pretenden tener listo el dictamen sobre la ley general de transparencia para la próxima semana, lo que elevó la confrontación con PAN y PRD, demandan que se retire de la mesa de negociación el documento con 80 cambios presentados por el presidente Enrique Peña Nieto, a través de su consejero jurídico, Humberto Castillejos.

Al respecto, el presidente de la Comisión Anticorrrupción y Participación Ciudadana, el senador del PVEM Pablo Escudero, dijo que no existe tal propuesta del consejero jurídico, que el documento no se discutirá en las comisiones dictaminadoras.

Sin embargo, reconoció que PRI y PVEM impulsarán la mayor parte de esos cambios y se van a reformar por lo menos 60 artículos de la iniciativa de ley general de transparencia, entre ellas todo el capítulo de apertura de información sobre contratos petroleros, a fideicomisos y las facultades de sanción del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) y de acceso directo a violaciones graves de derechos humanos.

Dijo que no se elabora el dictamen conforme a ese documento que se acredita al consejero jurídico de la Presidencia. Estoy haciendo una revisión de la constitucionalidad para sacar lo que va contra la Carta Magna. Si eso implica retirar artículos, por supuesto que lo voy a hacer.

Escudero sostuvo que hay 95 por ciento de avance y algunos temas en los que no van a poder ponerse de acuerdo con los senadores del PAN y PRD, ya que siguen insistiendo que no pueden ir más allá de lo incluido en la reforma constitucional en materia de transparencia, como dar al Ifai la posibilidad de aplicar sanciones.

En la reforma constitucional sólo dimos medidas de apremio, no podemos establecer en la ley secundaria que fije sanciones. Detalló que este tema implica eliminar 35 artículos.

Asimismo, dijo, tampoco puede quedar en la ley que el Ifai demande información sobre violaciones graves a derechos humanos, como en el caso de Ayotzinapa, ya que es punto que la Suprema Corte no ha resuelto.