El ex director de Obras de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria y el ex subsecretario de Administración de Guerrero en el mandato de Ángel Aguirre Rivero –Wilbert Carreto Mayo y Víctor Felipe Hughes Alcocer, respectivamente–, son considerados los operadores y ejecutores de los desvíos de recursos que se realizaron en favor de familiares y amigos del ex gobernador, señalaron funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

Entre ambos ex funcionarios recibieron 141 millones 934 mil 293 pesos de los recursos desviados de obras públicas adjudicadas a las compañías Constructora Trabesa y Comercializadora 2003, de acuerdo con la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crádito Público (SHCP).

Las investigaciones del gobierno federal y que involucran al ex gobernador –quien llegó al cargo como candidato de la coalición PRD-PAN en 2011– señalan actos de nepotismo de Ángel Aguirre Rivero y sus más cercanos colaboradores.

Al respecto, la denuncia presentada por la UIF ante la Procuraduría General de la República (PGR) el pasado 23 de enero y de la cual La Jornada tiene copia, indica que el número de familiares del ex mandatario colocados en cargos de la administración estatal podrían sumar 90; entre ellos se encuentran los hermanos Pablo Alberto y Rogelio Arturo González Villalba, Julio César Hernández Martínez, Juan Muñoz Caballero, Gisela Ortega Moreno, Antonio Pérez Herrera y Humberto Salgado Gómez.

Asimismo, la querella refiere: “se sabe que familiares del sujeto en estudio –se refiere a Aguirre Rivero– laboran en el gobierno”, entre los cuales se encuentran José Fancisco Aguirre Rivero, además de su hermano Mateo Aguirre Rivero; Miguel Elías Aguirre Pérez, Igor Alejandro Aguire Vázquez, Jorge Alberto González Rivero; los hermanos Gustavo, Guillermo, Rodolfo y René Posselt Aguirre, y también las hermanas Blanca Estela y Luz del Carmen Reyna Aguirre.

De acuerdo con la investigación en que la UIF relaciona al ex gobernador con la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los documentos oficiales señalan que Carlos Mateo Aguirre Rivero, quien fue delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos, recibió 31 millones 941 pesos de Comercializadora 2003, que son recursos que las autoridades han considerado que fueron obtenidos ilegalmente.

Víctor Ignacio Hughes Alcocer, ex subsecretario de Administración, obtuvo 87 millones 121 mil 898 pesos de Comercializadora 2003 y un millón 205 mil pesos de Constructora Trabesa.

Víctor Felipe Hughes Acosta, quien fue secretario ejecutivo del consejo estatal de seguridad pública, recibió transferencias por 2 millones 263 mil 500 pesos de cuentas de Comercializadora 2003, y 100 mil pesos de Constructora Trabesa.

En tanto, Wilbert Carreto Mayo recibió 53 millones 451 mil 395 pesos de Comercializadora 2003 y 156 mil pesos de Constructora Trabesa, señala el oficio 110/F/B/0096/2015 de la UIF.