Aunque una nueva legislación no va a resolver por sí misma el problema de las desapariciones forzadas en el país, es de vital importancia que el Congreso apruebe una ley general para combatir ese delito, apegada a los estándares internacionales y que permita conocer la magnitud del fenómeno y terminar con la impunidad.

Así lo afirmaron los participantes en el foro Avances y pendientes en materia de desaparición forzada de personas, organizado ayer por la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, quienes llamaron a resolver las omisiones legales existentes en el país.

Santiago Corcuera, integrante del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), subrayó que es increíble que este delito no esté tipificado en todos los estados de la República, o no lo esté con penas acordes con su gravedad, debido a que hay legislaturas holgazanas que no han querido avanzar en esta tarea.

Por eso falta una ley general donde se tipifique el delito de desaparición forzada de personas, de cumplimiento obligatorio en todo el país y con la que se procesen localmente los casos. Si la hiciéramos ley federal colapsaría a la Procuraduría General de la República, indicó.

En esa norma, subrayó el especialista, sería fundamental incluir el derecho a obtener una declaración de ausencia por desaparición –que hoy existe sólo en Querétaro y Coahuila–, mediante la cual la familia de la víctima pueda disponer de los bienes de ésta sin necesidad de admitir ante las autoridades la posibilidad de que esté muerta.

Miguel Alonso Raya, coordinador del grupo parlamentario del PRD, coincidió en la urgencia de crear una ley general en la materia, acorde con los convenios internacionales, pues la indefinición o ambigüedad de las normas actuales permite que muchos delitos no sean juzgados ni castigados.

De igual forma, los diputados Loretta Ortiz Ahlf (Partido Morena), Gloria Bautista y Alejandro Carbajal (ambos del PRD) consideraron que la nueva legislación debe incluir elementos como hacer un registro único nacional de desaparecidos, garantizar protocolos de búsqueda con vida de las víctimas y no confundir la desaparición forzada con otros delitos, como secuestro o privación ilegal de la libertad.

José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, indicó que aunque una ley puede ayudar en el abordaje de este tema, el fenómeno no se va a resolver únicamente con iniciativas legales, sino con medidas extraordinarias sustentadas en voluntad política.

Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, coincidió en que es necesario crear una ley general contra las desapariciones forzadas, pero no será suficiente si no existe disposición real para investigar este delito y castigar a los responsables.

Opta el Estado por reparación del daño, en vez de enfatizar en justicia y castigo

Fernando Camacho Servín

En los casos en que se ha logrado comprobar el delito de desaparición forzada, el Estado mexicano ha optado por aplicar medidas de reparación del daño, orientadas a lo individual, mediante indemnizaciones económicas, en vez de darles carácter general y colectivo, donde se haga más énfasis en la consecución de verdad, justicia y castigo a los responsables.

La anterior es una de las conclusiones a que llegaron los participantes en el foro Avances y pendientes en materia de desaparición forzada de personas, organizado ayer en la Cámara de Diputados por el grupo parlamentario del PRD, quienes llamaron a las autoridades a dejar de lado la simulación en este tema.

Ximena Antillón, miembro del Centro de Análisis e Investigación Fundar, subrayó que el gobierno mexicano se ha limitado a entregar indemnizaciones a los familiares de las víctimas, haciendo a un lado aspectos más estructurales.

La Secretaría de Gobernación tiene una partida presupuestal específica para el cumplimiento de sentencias, y de ahí han salido recursos para otorgar indemnizaciones, pero no se han establecido lineamientos para la reparación del daño más allá de criterios individuales. No han definido cómo hacer políticas de reparación amplias y con un sentido general, lamentó.

Mario Santiago, de la asociación civil Idheas, consideró que en México estamos muy lejos de la reparación integral del daño a las víctimas de desaparición forzada; en primer lugar porque las autoridades no quieren admitir la existencia de este delito.

Lo primero que deberían hacer es reconocerlo, lo que parece muy lejano. Para ganar legitimidad, el Ejecutivo tiene que establecer la reparación del daño rápida, efectiva y proporcional, que incluya una disculpa pública. Debe tomarse las cosas en serio, dejar de simular y buscar a las víctimas con vida, destacó.

Julio Hernández Barros, integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, advirtió que la propia Ley General de Víctimas impide que algunas personas sean indemnizadas, pues señala que para ello debe haber un culpable juzgado y sentenciado, lo cual ocurre en un porcentaje minoritario de los casos.