El gobierno federal argumentó a la Cámara de Diputados que el Poder Judicial negó la solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR) de definir como desaparición forzada la agresión contra los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y clasificarlo con el tipo penal de secuestro con agravantes.

En respuesta a las preguntas que distintos partidos le enviaron al presidente Enrique Peña Nieto, como parte de su segundo Informe de gobierno, la administración federal explicó que de los primeros indicios, en la indagatoria relativa al evento (sic) ocurrido el 26 de septiembre de 2014, se arribó a la conclusión de de que se trataba de un caso de desaparición forzada.

Esto porque, indicó, se advertía la probable participación de elementos de seguridad pública municipal durante la detención de los normalistas.

Ante este único y primer alarmante dato, diversos medios de comunicación y líderes de opinión pública difundieron y generalizaron que el acto se trataba de desaparición forzada, sin que hasta ese momento existiera ningún medio de prueba suficientemente sólido que justificara dicha afirmación, agregó.

El reproche

Sin embargo, el Ministerio Público Federal realizó el juicio de reproche por el delito de desaparición forzada ante la autoridad jurisdiccional, que consideró que los hechos investigados no encuadraban en la hipótesis que establece el tipo penal de desaparición forzada, señaló.

En el documento, del que se dio cuenta en la sesión de ayer, el gobierno federal sostuvo que la PGR no ha cesado en su intención de acreditar el ilícito de desaparición forzada, y muestra de ello es la obtención de una orden de aprehensión por este delito, librada en contra de cinco policías municipales.

Justificó que a pesar de la gravedad de la agresión armada y la desaparición de los estudiantes, la PGR, respetando el pacto federal, no pudo atraer la investigación hasta que así lo solicitó el gobierno del estado.

Insistió en que los actos de violencia acontecidos en Iguala fueron realizados por el crimen organizado, en colusión con autoridades locales, y que estos hechos han generado indignación de todos los mexicanos.

Ayer, estudiantes de distintas universidades públicas entregaron a la bancada de Morena más de 20 mil firmas con las que se exige la renuncia de Peña Nieto.

Durante toda su estancia, los jóvenes fueron vigilados y seguidos por una veintena de guardias de la dirección de resguardo.