El pleno de la Cámara de Diputados hizo un llamado a la Comisión de Justicia para que discuta y apruebe cuanto antes 10 iniciativas presentadas entre marzo de 2013 y diciembre de 2014 para tipificar, sancionar y evitar la desaparición forzada en el país.

Las iniciativas, que han presentado diputados de todos los partidos y que están congeladas en la comisión que preside Ricardo Fidel Pacheco (PRI), consideran modificaciones al Código Penal Federal o bien constituir una ley federal o una ley general contra la desaparición forzada.

Asimismo, ayer la Procuraduría General de la República (PGR) respondió a la Cámara de Diputados que lleva a cabo investigaciones diligentes e imparciales en hechos relacionados con presuntas desapariciones forzadas, pero señaló que para perseguir de manera más eficaz esta conducta se requiere que la legislación se adecue a los estándares internacionales en la materia.

La PGR informó que, a través de sus diversas unidades y fiscalías especializadas, puede conocer del delito de desaparición forzada en cuatro de sus subprocuradurías y en la visitaduría, donde se han iniciado 239 averiguaciones previas por ese delito, que se mantienen abiertas desde 2006.

A éstas se suman las 252 averiguaciones previas abiertas por la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que ahora están bajo la responsabilidad de la Coordinación General de Investigación de la PGR.

Entre las iniciativas presentadas por los diputados se resalta la necesidad de considerar como elementos de la desaparición forzada, entre otros, la transportación, arresto, secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad de una persona contra su voluntad.

También, que el delito no prescriba hasta que se conozca el paradero de la víctima, así como endurecer la pena cuando el sujeto activo de la desaparición sea un funcionario público.

Otras propuestas a considerar son una ley que garantice y proteja el derecho a la libertad de los ciudadanos; prevenir e investigar la desaparición forzada; definir las medidas de reparación integral del daño a las víctimas, y constituir un registro de personas víctimas de ese delito.

Asimismo, se ha planteado una reforma a la Ley de Amparo para garantizar el derecho de las víctimas de desaparición a esa garantía, con la finalidad de que pueda ser exigida por un tercero.

Otra iniciativa considera sustancial incrementar la pena a quien sea juzgado por desaparición forzada, y sancionarlo con prisión de entre 20 a 60 años y que ésta se agrave cuando esté involucrado un funcionario público.