La Procuraduría General de la República (PGR) negó información a la comisión legislativa encargada de investigar los hechos ocurridos el 30 de junio pasado en Tlatlaya, estado de México –donde civiles presuntamente fueron ejecutados por militares–, argumentando que las indagatorias no sólo son confidenciales, sino que su carácter es reservado.

La Secretaría de Gobernación remitió a la Cámara de Diputados la respuesta elaborada por la PGR, que respondió a la solicitud de información presentada por el órgano legislativo. La procuraduría sólo refiere una lista de hechos en los que ha participado, pero no aportó a los legisladores la información reclamada.

El Ministerio Público Federal manifiesta a la Cámara de Diputados que mantiene un firme compromiso con el respeto y protección de los derechos humanos, y mantendrá la investigación con el propósito de brindar verdad, justicia y reparación a las víctimas del enfrentamiento que derivó en la muerte de 22 probables sicarios.

El oficio, firmado por Jorge Nader Kuri, refiere también que la participación de la PGR se derivó de algunas inconsistencias del parte informativo del personal militar que participó en el enfrentamiento. Al iniciar la averiguación previa respectiva se configuró la probable responsabilidad del personal militar en el delito de homicidio.

En el recuento informativo de la PGR sobre el caso específico también se enuncia la acción penal contra ocho efectivos militares por la comisión de los delitos de homicidio calificado y encubrimiento.

Al final del texto la procuraduría responde a la petición de los diputados: En lo que respecta al contenido de las indagatorias, no es posible apuntar, en virtud de que la información pertinente es de carácter no sólo confidencial, sino reservado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.