La delegación del Estado mexicano que acudió a las audiencias del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) acreditó a más de 25 funcionarios cuya presencia no estaba enteramente justificada, lo cual parece tener la intención de proyectar en el extranjero una imagen de compromiso con los derechos humanos que no corresponde con la realidad, señalaron organizaciones de la sociedad civil.

De acuerdo con información oficial del gobierno mexicano, su representación estuvo conformada por 27 servidores públicos acreditados, aunque no hay certeza de que todos ellos viajaran el pasado 2 y 3 de febrero a Ginebra, Suiza.

La comisión fue encabezada por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo, quien incluyó a otros ocho funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tres de Gobernación, cuatro de la Procuraduría General de la República y cinco del gobierno de Coahuila, entre los que figuraban dos responsables de Comunicación Social.

También se incluyó el nombre de Miriam Cárdenas, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados; a dos integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; a dos representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, y a uno de Marina.

Al respecto, Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideró que si el gobierno federal hubiera enviado a 27 funcionarios para resolver todas las dudas de los especialistas del CED y fortalecer la relación con dicho organismo, podría haber sido una buena inversión.

Sin embargo, el envío de una delegación tan numerosa viene en un contexto de demora e incumplimiento en el proceso del informe que presentó la CED sobre México, seguido de una postura cerrada y de rechazo a las recomendaciones del comité, subrayó.

La razón de mandar a 27 funcionarios, por tanto, sería proyectar la imagen de que el Estado mexicano se toma con mucha seriedad el proceso y está comprometido con los derechos humanos. Es una práctica recurrente ante comités de Naciones Unidas y ante el sistema interamericano de justicia, dijo.

Jacqueline Sáenz, miembro del Centro de Análisis e Investigación Fundar, manifestó que enviar a tantos servidores públicos podría significar un gasto excesivo e injustificado de recursos que debería investigarse.

“Vemos actores que no deberían estar ahí, porque además muchos de ellos ni siquiera fueron para brindar explicaciones al CED.

Deberíamos tener toda la información de cuántos viáticos utilizaron y si esto se justifica”, indicó.