Una de las propuestas de modificación a la Ley General de Transparencia que formuló el gobierno federal va en el sentido de evitar que se haga pública la información relacionada con la reforma energética.

De acuerdo con el escrito que PRI y PVEM presentaron ante las comisiones dictaminadoras –y que incluye 82 cambios elaborados por el consejero jurídico de la Presidencia de la República– se propone eliminar la obligación de dar a conocer contratos, permisos, alianzas y sociedades que el Estado suscriba con empresas nacionales y extranjeras en materia de explotación de petróleo.

Los senadores Dolores Padierna y Alejandro Encinas, del grupo parlamentario del PRD, advirtieron que es imprescindible que esa información sea pública, ya que los mexicanos tienen derecho a saber lo que ocurrirá con los hidrocarburos, luego de la reforma que permite el regreso de petroleras extranjeras al país y el riesgo de que las ganancias se las lleven las trasnacionales.

Padierna recalcó que el sector energético debe ser un ente obligado a abrir y proporcionar la información sobre su operación y actividad, ya que nada justifica que las operaciones y decisiones que se tomen durante el proceso de apertura y privatización sean omitidas de la ley de transparencia.

La información que existe en materia de exploración, extracción, producción y refinación del petróleo deber ser pública; también la relativa a los contratos que se firmen en este sector. La ciudadanía tiene todo el derecho a saber los ingresos, costos, contribuciones, prestaciones, contraprestaciones que deriven del sector energético.

Recalcó que el PRD llevará a la mesa de negociación una propuesta de redacción al artículo 83 de esa ley, que no deja lugar a dudas en el tema: ya que adicionalmente a la información señalada en el artículo 70, la ley federal y demás normatividad aplicable, se establecerán obligaciones de transparencia de datos relacionados con los contratos, las asignaciones, licencias, permisos, alianzas y sociedades para la explotación de los hidrocarburos.

Se precisa que las bases, reglas, ingresos, costos, contraprestaciones, contribuciones y pagos previstos en los contratos y de los procedimientos que se instauren al efecto, serán debidamente difundidas.

Encinas comentó que la ley debió aprobarse el pasado día 7 pero los acuerdos se frenaron debido a las modificaciones propuestas al final por el gobierno de Enrique Peña Nieto.