Los nueve familiares y amigos de Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador de Guerrero, acusados de lavado de dinero por más de 287 millones de pesos, conocerán el próximo martes si se les inicia proceso penal o si quedan en libertad.

El juzgado quinto de distrito en materia penal con sede en Toluca tomó la declaración preparatoria a los nueve detenidos, entre los que se encuentran Mateo Aguirre y Luis Ángel Aguirre Pérez, hermano y sobrino del ex gobernador guerrerense.

Fuentes judiciales informaron que los nueve inculpados rindieron su declaración preparatoria y solicitaron la ampliación del plazo constitucional por lo que con ello el juzgado quinto de distrito contará con un tiempo de 144 horas (seis días) para definir la situación jurídica.

En días pasados la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer la existencia de una red de ex servidores públicos del estado de Guerrero y familiares de éstos que estaban involucrados en la transferencia ilícita de recursos federales y del gobierno guerrerense a sus cuentas personales.

El Ministerio Público Federal obtuvo un total de 18 órdenes de aprehensión, de las cuales ya han sido cumplimentadas nueve en contra de Carlos Mateo Aguirre Rivero, Luis Ángel Aguirre Pérez, Paulo Ignacio Hughes Acosta, Mauricio Francisco Hughes Acosta, Alejandro Carlos Hughes Acosta, Jorge Eduardo Hughes Acosta, Víctor Ignacio Hughes Alcocer (subsecretario de Finanzas), Henry Paul Hughes Alcocer y Víctor Felipe Hughes Acosta.

La mayoría de los implicados en este caso fueron colaboradores cercanos de Ángel Aguirre Rivero durante su mandato como gobernador de Guerrero, desde el 1º de abril de 2011 hasta el 23 de octubre pasado, cuando solicitó licencia a su cargo un mes después de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el municipio de Iguala.

El pasado 10 de febrero, Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, informó que “se tiene acreditado que un grupo de personas, entre las cuales se encuentran ex servidores públicos del estado de Guerrero, sin tener vínculo corporativo o relación comercial con empresas que obtuvieron contratos de obra pública en el estado de Guerrero, recibieron durante los ejercicios de 2012, 2013 y 2014, recursos provenientes del erario local y federal en sus cuentas bancarias personales.

Asimismo, se detectó que familiares de los ex servidores públicos, relacionados con estas operaciones ilegales, fungen como representantes legales, apoderados y autorizados en las cuentas bancarias en las diversas empresas, a través de las cuales se operaba el desvío de recursos, expresó Zerón de Lucio.

En ese contexto, los nueve implicados ya detenidos se encuentran presos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, en el municipio de Almoloya de Juárez, estado de México, y en caso de que se les dicte formal prisión no podrán obtener su libertad bajo fianza, porque el delito que se les imputa está tipificado como grave.

Según la indagatoria de la procuraduría, entre los contratos con que se relaciona el desvío de recursos y posterior transferencia ilícita de dinero a cuentas personales de los implicados en este caso, se encuentran los siguientes:

Contrato 009000985, otorgado a la Constructora Trabesa, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por 3 millones 310 mil 74 pesos, que implicaba la modernización del camino Juchitán-Las Cuchillas, en un tramo de 700 metros.

Asimismo, el acuerdo firmado entre Constructora Trabesa y el gobierno de Morelos, con clave 917021996, por 6 millones 267 mil 378 pesos, para la realización de obra pública relacionada con pavimentación y reparación de caminos.