Santiago.

Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta de Chile Michelle Bachelet, renunció ayer a la dirección del área sociocultural del gobierno, después de que se hizo público que su esposa, Natalia Compagnon, recibió en 2013 un crédito bancario de 10 millones de dólares que utilizó para invertir en el sector de bienes raíces, lo cual derivó en acusaciones de tráfico de influencias de la oposición de derecha.

Entiendo el malestar que ha generado esta situación y asumo que el perjuicio provocado ha dañado a la presidenta de la república y al gobierno de Chile, manifestó Dávalos en su renuncia, en la cual negó de manera categórica haber cometido ilícito alguno.

Dávalos, quien eludió referirse a los negocios de su esposa y a los señalamientos de que acudieron juntos a una reunión con directivos del Banco de Chile, ha estado al frente de siete fundaciones de asistencia social, cargo de confianza tradicionalmente ejercido por la primera dama y por el cual no recibía ninguna remuneración.

Con el dinero, la empresa de la esposa de Dávalos adquirió un terreno rural de 44 hectáreas en Machalí, localidad del centro del país, que tras una reconversión del uso del suelo –de la que el hijo de Bachelet tenía conocimiento– fue destinado a una obra inmobiliaria.

El desarrollo residencial fue vendido por un valor muy superior al original, y con ello Dávalos obtuvo una ganancia de cinco millones de dólares.

Según versiones de prensa, Dávalos recibió los 10 millones de dólares al dar solamente una garantía de 10 mil dólares y tres automóviles marca Lexus.

Líderes de oposición e inclusive aliados de Bachelet redoblaron sus críticas por el millonario crédito privado, en medio de un creciente rechazo ciudadano a la élite política.

Si hay irregularidades, la justicia tiene que actuar, afirmó la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, ex ministra vocera de Bachelet.

El gobierno, por conducto del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, insistió en que el caso es un tema entre privados y que la mandataria no tiene nada que ver.

Esto no fue una transacción entre privados, reclamó ante las circunstancias el rector de la Universidad Diego Portales, el abogado Carlos Peña, uno de los columnistas más influyentes del país.

El líder del Partido Progresista, el cineasta Marco Enríquez-Ominami, recalcó que los hechos van a afectar la confianza en la presidenta.