Buenos Aires.

Como una maniobra desestabilizadora y de golpismo judicial activo calificó el gobierno la acción del fiscal Gerardo Pollicita de requerir la apertura de la denuncia e investigación presentada por el Alberto Nisman, el fallecido fiscal de la causa Asociación Mutal Israelita Argentina (AMIA) contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros dirigentes políticos, por presunto encubrimiento a los acusados iraníes en el atentado perpetrado en 1994 que dejó 85 muertos y más de 300 heridos.

Pollicita no agrega ningún elemento nuevo a la insólita denuncia presentada por Nisman el 14 de enero pasado, cuatro días antes de su muerte dudosa, en que acusaba a la mandataria, al canciller Héctor Timerman, al dirigente de la organización juvenil la Cámpora y diputado Andrés Larroque y a los dirigentes sociales Luis D'Elía y Fernando Esteche por el supuesto encubrimiento a un grupo de iraníes acusados -sin pruebas concretas- de ser responsables del ataque.

De acuerdo a numerosos juristas la denuncia no sólo está mal redactada, sino que su construcción desde el punto de vista jurídico era de una debilidad que llevó a muchos a dudar que Nisman hubiese redactado el documento, pues su graves fallas hubieran puesto en entre dicho su profesionalismo.

La acusación dada a conocer este viernes omite, por ejemplo, el hecho de que la supuesta denuncia de Nisman tenía como eje central el presunto levantamiento de la Alerta Roja que mantiene Interpol, por expreso pedido del gobierno argentino; cosa que a jefatura de la agencia policiaca internacional desmintió. Interpol incluso detalló que el gobierno argentino pidió mantener la alerta aún si se cumpliera el Memorándum de Entendimiento, firmado en 2013 entre Argentina e Irán para ir a indagar a los acusados iraníes a su país, con la presencia de una Comisión de notables imparciales.

Pollicita no solicitó la indagatoria a Fernández ni a los demás imputados, aunque sí una batería de medidas con miras a comprobar la existencia del hecho y, consecuentemente, (resolver) si el mismo puede ser penalmente reprochado.

En caso de que el juez Daniel Rafecas, quien debe abrir la investigación lo desestime, el requerimiento irá a la Cámara. Esta acción de Pollicita sucede después que el gobierno presentó pruebas contra la denuncia de Nisman.

Un escrito de la Procuración del Tesoro Nacional asegura que documentos de carácter técnico producidos por el gobierno desbaratan las afirmacione de la denuncia del fallecido fiscal del caso AMIA. Se añade que las acusaciones de éste no presentan pruebas que demuestren conductas susceptibles de ser encuadradas en ilícitos penales tipificados en el Código Penal, por parte de la presidenta o funcionarios del Poder Ejecutivo.

No existe prueba alguna, ni siquiera de carácter 'indiciario' que demuestren un delito, puntualiza el escrito que presentó hoy la Procuración del Tesoro ante el Juzgado a cargo de Daniel Rafecas.

Cristina Fernández, mandataria de ArgentinaFoto Reuters

De la misma manera, el escrito advierte que ninguna actuación de las autoridades del gobierno argentino tuvo por objeto a desincriminar a los ciudadanos iraníes, en particular aquellos alcanzados por las notificaciones rojas de Interpol.

También señala que el objetivo del gobierno argentino al firmar el Memorándum de Entendimiento con Irán era favorecer el progreso de la causa Amia, que estaba obstaculizado y sin salida por la imposibilidad de someter a declaración indagatoria a varios ciudadanos iraníes imputados en el proceso, ya que no existen acuerdos bilaterales previos que obligaran a Irán a extraditar a esas personas.

Más aún; el escrito de la Procuración del Tesoro ratifica que ni del texto del Memorándum de Entendimiento ni de lo actuado por las autoridades del gobierno argentino en forma previa, concomitante o posterior al acuerdo, se infiere la existencia de acuerdo alguno destinado a alcanzar un objetivo distinto al anteriormente señalado.

El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, sostuvo que una posible imputación de la presidenta por parte de Pollicita no tiene ningún valor jurídico; y que es una clara maniobra de desestabilización antidemocrática.

A su vez, el Jefe de Gabinete Jorge Capitanich advirtió sobre una estrategia activa de desestabilización, en lo que consideró de golpismo judicial activo, que no persigue una finalidad judicial sino la finalidad política de generar impacto político y estrépito social.

Insistió en que la denuncia del fallecido Nisman no tiene ninguna validez jurídica porque no existe prueba de eventual culpabilidad”.

Sergio Burnstein, dirigente de la agrupación que reúne a sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas del atentado contra la AMIA dijo que el equipo de fiscales que reemplazará al fallecido Alberto Nisman ya es una realidad y aseguró que quienes se van a oponer son el caranchismo (buitres) político y mediático.

Este día la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, anunció en la sede del ministerio Público Fiscal el equipo de fiscales que reemplazará a Nisman conformado por Sabrina Namer,Roberto Salum, Patricio Sabadini; con Juan Murray como coordinador.

Este día surgieron cuestionamientos a las filtraciones de un sector del Poder Judicial al Grupo Clarín . Todos estos días ha habido numerosas filtraciones a ese medio opositor que anticipa medidas judiciales que se van a tomar- especialmente contra funcionarios del gobierno y la familia Kirchner, en esta campaña, que han denominado analistas como “el golpe judicial-mediático en desarrollo contra el gobierno.

Este golpismo es denunciado en una carta que está circulando firmado por importantes intelectuales y académicos del país, en defensa de la democracia y contra todo intento golpista y en defensa de la presidenta a la que consideran víctima de ataques y denuncias falsas que violan los derechos humanos de la mandataria.