San Luis de la Paz, Gto.

El director de seguridad pública, Gerardo Rodríguez Trejo, y la coordinadora de oficiales calificadores, Magdalena González Otero, renunciaron a sus cargos luego de darse a conocer fotos de personas detenidas por infracciones menores que fueron encadenadas de pies y tobillos en los separos de esa corporación, informó el priísta Saúl Lino Martínez, alcalde interino de San Luis de la Paz.

La dimisión de ambos funcionarios es para no entorpecer la investigación que efectúa la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, de la Contraloría y del Consejo de Honor y Justicia del ayuntamiento, dijo Lino Martínez.

El alcalde comentó que antes de ser nombrado alcalde interino, el pasado 21 de enero, en su condición de regidor presidente de la Comisión de Derechos Humanos, inició una investigación por el encadenamiento de infractores.

El reclamo de justicia que el país exige no es sólo que se vayan (los funcionarios), sino que se (les) castigue y enfrenten sanciones administrativas, penales y civiles para reparar el daño, agregó.

Los separos de la dirección de seguridad pública no cuentan con baños y los infractores defecan en una fosa; la enfermería y las cámaras de vigilancia no funcionan. Las instalaciones eléctricas, celdas, aduana y toda la infraestructura están en pésimas condiciones. El 25 de diciembre pasado se fugaron de allí cuatro detenidos.

El edil presentó este viernes ante el cabildo una propuesta de modificación del presupuesto para rehabilitar la cárcel municipal, crear un área de atención médica, de alimentos y de trabajo social.

He propuesto crear seis plazas de custodios para que los policías únicamente presenten ante el juez al presunto infractor y sea responsabilidad de los oficiales calificadores la integridad física de las personas, comentó.

El ombudsman Gustavo Rodríguez Junquera comentó en torno a la investigación de este caso: Estamos tratando de localizar a las personas que aparecen en las fotos para conocer sus versiones e ir, como en todos los casos, lo más profundo posible, con la pulcritud que merece el caso, dijo.

Veremos cuestiones estructurales, saber qué está pasando en los separos municipales, detectar las violaciones a derechos humanos, y considerar cómo podemos evitar estas situaciones, agregó.

La primera norma internacional que se viola es la de los derechos de las personas detenidas, apuntó el procurador de derechos humanos, concluyó.