El proyecto de la ley general de aguas que promueve el gobierno federal es contrario al derecho humano al líquido y el gobierno lo ve como oportunidad para hacer un negocio con este recurso, señalaron organizaciones que promueven la iniciativa ciudadana.

Decenas de representantes de afectados por el abasto de agua de Veracruz, Sonora, Chihuahua, Morelos, Nuevo León y otros estados entregaron ayer a legisladores, como el senador Alejandro Encinas y la diputada Aleida Alavez, la iniciativa para que ellos la presenten ante el Congreso.

La iniciativa ciudadana de la ley general de aguas, que llevó 35 meses de trabajo, plantea el reconocimiento y restauración de los derechos al agua y al territorio de los pueblos originarios, el rediseño del sistema de concesiones para corregir el actual otorgamiento excesivo de derechos a fin de llegar al acceso sustentable y equitativo del recurso.

No contaminar, plantea el modelo

El documento propone que el modelo de gestión debe cuidar el ciclo completo del agua en la cuenca, así como la disponibilidad y calidad para consumo humano, pero también asegurar que los cuerpos de agua no se contaminen por la falta de infraestructura sanitaria, sistemas de recolección, saneamiento ni por ninguna otra actividad que implique contaminación tóxica.

En un acto público en el que la organización Agua para Todos, Agua Para la Vida, y afectados por el desabasto, contaminación y escasez del agua presentaron la iniciativa, Elena Burns dijo que el impulso de este proyecto requiere gran movilización para su impulso, pues la ley Conagua propone megaproyectos para las megaciudades”. Recordó que el objetivo de la ley es reglamentar el derecho humano al agua plasmado en la Constitución, pero esto se busca garantizar sólo con la dotación de 50 litros al día.

Ahí diputados plantearon que la correlación de fuerzas en el Congreso no les es favorable para la aprobación de la iniciativa ciudadana y se requerirá de la movilización para apoyar el proceso.

La diputada Aleida Alavez, al recibir el documento, dijo que existe la intención de discutir con rapidez la iniciativa oficial, cada nueva ley en esta legislatura es un negocio y la iniciativa de la ley General de Aguas del gobierno trastoca el reconocimiento al derecho humano al agua, que no sólo sea enunciativo, que las políticas hídricas las maneje la población.

Representantes de diversos estados presentaron casos como el acueducto Monterrey VI, que prevé trasvasar agua del río Panuco hacia Nuevo León, y el caso de Puebla donde se dijo que hay un impulso para la privatización del servicio de agua.