La vigilancia sanitaria que realizan autoridades federales en comunidades afectadas por el derrame de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora se mantendrá en los próximos 10 años, aseguró Rocío Alatorre, comisionada de evidencia y manejo de riesgos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Dijo que a partir de julio próximo se establecerá en el municipio de Ures, Sonora –de los más afectados–, la unidad de vigilancia epidemiológico ambiental, la primera en su tipo en todo el país. Contará con dermatólogos, pediatras, médicos generales, cardiólogos y gastroenterólogos.

Al participar en el primer Seminario de comunicación ambiental, en el Museo Tecnológico, señaló que como parte del plan de salud a cargo de Cofepris, junto con otras instituciones de salud pública, de septiembre a diciembre de 2014 visitaron más de 2 mil 500 domicilios.

Se censó a 10 mil 875 personas, identificando 270 con daños en su salud, todos bajo atención médica. Se confirmaron casos en 31 localidades de los municipios de Arizpe, Huepac, Banamichi, San Felipe de Jesús, Baviacora, Aconchi y Cananea, aledaños a los ríos Sonora y Bacanuchi.

Imperan problemas dermatológicos

Indicó que entre las afectaciones más frecuentes reportadas fueron dermatológicas, con 84 por ciento, le siguen las de tipo digestivo y oftalmológico, con 4.4 por ciento.

Al exponer su Programa de vigilancia y atención en salud ambiental recordó todo el proceso médico y sanitario que llevaron a cabo durante la fase aguda luego que el pasado 6 de agosto se contaminaron 17.6 kilómetros del arroyo Tinajas, 64 kilómetros del río Bacanuchi y 190 kilómetros del río Sonora con 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico y metales pesados de la mina Buena Vista del Cobre, propiedad del Grupo México, lo que perjudicó a una población de más de 24 mil habitantes de siete municipios que viven en zonas dañadas.

“Esta fase concluyó en octubre, luego pasamos a la fase dos o mediano plazo –en la que estamos–, esa es subcrónica, luego habrá una fase de atención o largo plazo que se inicia en julio de este año y durará una década. El sector, con una unidad de vigilancia especializada, va a monitorear 10 años a las personas afectadas.

La niña que hoy tiene ocho años la vamos a ver hasta los 18 años. La señora que hoy supongamos tiene 28 años, la vamos a ver hasta los 38 años, pues eventos ambientales requieren monitoreo de las personas para corroborar y garantizar su buena salud. A nadie le hemos dicho que ya pasó el problema o la emergencia y no tiene problemas de salud, a los ciudadanos que se presenten los vamos a estudiar, insistió.