Nicolás Romero, Méx. Al menos 13 personas, entre ellas dirigentes otomíes, fueron lesionados por Adriana Sobreyra, hermana del alcalde, Martín Sobreyra, quien el domingo, junto con unos 30 individuos, intentó apoderarse de oficinas del comité del agua y de la delegación autónoma local del poblado de San Francisco Magú, denunció el coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Antonio Lara Duque, quien pidió la intervención de autoridades estatales y federales para que protejan los derechos del pueblo otomí.

Nextlalpan, Méx. Autoridades locales se incautaron de dos pipas de 12 mil litros cada una, con las que varios sujetos extraían gas LP de un ducto de Petróleos Mexicanos que atraviesa los ejidos de Visitación, en este municipio. Los desconocidos abandonaron los vehículos luego de provocar una fuga de gas que fue controlada horas después por personal de la paraestatal y cuerpos de rescate. En tanto, en la colonia Calacoaya, municipio de Atizapán de Zaragoza, el choque de una pipa de gas de la empresa Tomza contra un vehículo particular provocó una fuga de gas que alarmó a los vecinos. Protección Civil evacuó 20 viviendas y negocios.

Querétaro, Qro. El cabildo de esta capital dio a Roberto Loyola Vera licencia para dejar el cargo y buscar la postulación a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En su lugar fue nombrado el regidor priísta Luis Cevallos Pérez. En 2012 Loyola renunció al cargo de secretario de Gobierno estatal para buscar la presidencia municipal de Querétaro, abanderado por el PRI.

Lerma, Méx. Pobladores de la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, en este municipio, presentaron ayer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por las constantes violaciones a sus garantías individuales derivadas de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, a la que se oponen por considerar que causará daños irreversibles al ecosistema. Los pobladores denunciaron que la constructora Teya es propiedad de Juan Armando Hinojosa, propietario de Grupo Higa y uno de los contratistas más cercanos a Enrique Peña Nieto. Señalaron que la obra no fue licitada y que un tribunal ordenó suspenderla hasta que se realice una asamblea comunal, pero la construcción continúa.