Tixtla, Gro.

Con un llamado a la unidad y la advertencia de que no habrá elecciones en Guerrero el 7 de junio, se iniciaron los trabajos de la Convención Nacional Popular (CNP) en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en la cabecera municipal de Tixtla.

A la convención asisten delegados de 244 organizaciones de todo el país, que participan en tres mesas de trabajo, con los temas: estructura de un referente nacional, programa político del referente nacional y plan de lucha a corto, mediano y largo plazos.

Correspondió a los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos dar la bienvenida a los delegados. Don Melitón ratificó que seguirán luchando hasta lograr la presentación con vida de sus hijos. Queremos que haya justicia y se esclarezcan los hechos del pasado 26 de septiembre. Si luchamos de manera aislada, no vamos a avanzar, por eso tenemos que caminar por un objetivo común para que el gobierno no se siga burlando de nosotros. Desconocemos la versión oficial del Estado, que pretende destrozar las emociones de los padres de familia, por eso no la aceptamos y les decimos que nuestra lucha seguirá adelante hasta que devuelvan a nuestros estudiantes, insistió.

Sacar provecho

Felipe de la Cruz, vocero de los padres, manifestó que la convención “deberá servir para liberar a este pueblo del gobierno que tenemos, ahorita coludido con la narcodelincuencia y que sea el principio del camino para tener verdaderamente un México independiente, y que encontremos a los 43 estudiantes desaparecidos, pero que también se castigue a los responsables”.

Advirtió que si hay alguien que piense que puede sacar provecho para sus fines personales, le diremos que este es un movimiento por vidas humanas, y no es económico ni político, al que se le pueda sacar provecho con el llanto, el dolor y la rabia de los padres de familia.

Crimen político

Antes de la inauguración del encuentro, el presidente del Frente Popular Revolucionario (FPR), Florentino López Martínez, denunció que la desaparición y asesinato de Gustavo Alejandro Salgado Delgado, el miércoles pasado en Morelos, “fue un crimen político, por el contexto en que fue levantado, cuando venía de una asamblea de la comunidad de Emiliano Zapata, conocido como El Chivatero, en el municipio de Ayala, y se dirigía a otra asamblea en el mismo municipio.

Aseguró que Gustavo Alejandro había sido designado por el FPR para asistir como delegado a la Convención Nacional Popular, pero desde hace cuatro meses lo venían hostigando los policías municipales y gente ligada con la delincuencia organizada, por su lucha contra la presa de Huesca, el acueducto de Ayala y luego por el tema Ayotzinapa.

Recordó que desde el 3 de febrero pasado fue levantado, “de eso tuvo conocimiento Luis Enrique Miranda Nava, en la Secretaría de Gobernación, pero no recibimos respuesta hasta el día 4, y es la hora en que no nos recibe ni siquiera la llamada telefónica.

Sin duda fue un crimen de Estado. En Morelos la policía no actúa sola, hay un mando único, por eso exigimos al gobernador Graco Ramírez que nos reciba, debido a que hay muchas dudas; extraoficialmente sabemos que detuvieron a cuatro personas (por este crimen), pero el fiscal dijo que están detenidos por robo de vehículos y resistencia a particulares, recalcó.