il veces negado en el discurso, el recorte al gasto público se anunció días atrás. Ahora comienzan las justificaciones, como las del inquilino de Los Pinos quien ayer atribuyó la disminución del ingreso gubernamental a la caída de los petroprecios y a un escenario internacional del que no somos responsables. Su ministro del año repitió hasta el agotamiento que tal caída no tendría efectos negativos por contar con oportunas coberturas, pero, como siempre, la realidad impuso su ritmo.

Sobre este asunto, el Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, detalla que ante la abrupta caída en los precios del petróleo, un entorno económico mundial donde predomina la desaceleración y la inminente alza en las tasas de interés de Estados Unidos, el gobierno federal anunció una serie de ajustes a su presupuesto con la finalidad de mantener estables las finanzas públicas. Si bien entre dichas modificaciones no se incluyó la creación de nuevos impuestos o la aprobación de mayores niveles de endeudamiento, el recorte en el gasto público no está exento de factores que podrían impactar negativamente el desempeño económico de nuestro país.

Los gastos presupuestales del gobierno federal se han incrementado a lo largo de los últimos años. La mayoría de los recursos recaudados se destinan a gasto corriente, mientras que el gasto de capital ha representado en promedio el 15 por ciento (2008-2014) del dinero asignado a la parte corriente. Con el recorte, la actual administración pretende dejar de gastar 124 mil 300 millones de pesos, de los cuales 18 mil 100 millones corresponden a proyectos de inversión y 34 mil 100 millones a gasto corriente; la CFE y Pemex también sufrieron recortes: 72 mil millones en conjunto, un porcentaje significativo de los cuales serían para infraestructura, de tal forma que el gasto de capital resultó fuertemente afectado en los ajustes presupuestarios.

Más allá de la cancelación del tren de pasajeros Transpeninsular Quintana Roo-Yucatán, y de la suspensión indefinida del tren de alta velocidad México-Querétaro, apunta el CIEN, nuestro país pierde competitividad ante un menor gasto en proyectos de infraestructura. Esto impide la realización de obras que generan riqueza, contribuyen a mejorar las operaciones comerciales, facilitan los traslados y mejoran la logística entre las diferentes regiones económicas.

Al analizar la distribución del presupuesto de egresos de la federación para el presente año, se aprecia que la mayoría de los recursos se destinan al pago de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (26.6 por ciento del presupuesto), seguidos por las participaciones y aportaciones asignados a los estados y municipios del país (25.2), los servicios personales se ubican en tercer puesto (16), y la suma de materiales y suministros y los servicios generales, es decir los gastos de operación, ocupa el cuarto sitio (10.7), todos estos conceptos por encima del rubro de inversión pública (10.7).

Una de las tareas primordiales en los tres niveles de gobierno es llevar a cabo un análisis exhaustivo de su gasto y tomar las medidas de austeridad necesarias. De hecho, el presupuesto base cero con el que se busca eliminar duplicidad de funciones y estructuras para el ejercicio de 2016 es una forma de volver eficiente el gasto. No sólo en los servicios personales de los funcionarios públicos hay áreas de oportunidad.

Al revisar los recursos asignados a los gastos de operación de los ramos administrativos, el monto asciende a 133 mil 900 millones de pesos, de tal forma que si se consigue 10 por ciento de disminución en dicho rubro el ahorro alcanzado sería de alrededor de 13 mil 400 millones de pesos, cifra superior al recorte de 11 mil 700 millones a los gastos de inversión en comunicaciones y transportes. Los ajustes en el gasto público eran necesarios, sostiene el CIEN, pero advierte que “sin duda no serán los únicos que veamos en los próximos meses y su magnitud dependerá de la evolución de la economía nacional.

Por cierto, un milagro guadalupano se observa en el mercado del oro negro nacional: el precio del barril mexicano resarció la caída registrada en lo que va del año, y ayer se cotizó en 47.52 dólares, que lo lleva a los niveles registrados al cierre de 2014. Aun así, la diferencia entre el precio presupuestado y el real se mantiene en extremo holgada (40 por ciento). Y el dólar en ventanilla se vendió a 15.20 bilimbiques.

Las rebanadas del pastel

Otra vez, los barones de la minería aportan la nota luctuosa: el sindicato nacional que preside Napoleón Gómez Urrutia denuncia que “una tragedia más se registró en una mina de Alonso Ancira Elizondo, dueño del Grupo Acerero del Norte y cacique de Coahuila; en la mina subterránea de Hércules, municipio de Sierra Mojada, Coahuila, pereció el minero Oswaldo Lozoya como resultado del derrumbe de un techo bajo el cual trabajaba junto con varios compañeros, debido a la negligencia de la empresa, ya que el techo en el punto del desastre no estaba amacizado o entibado, como debe serlo en todos esos casos, amén de ser un lugar por años desatendido por los directivos del GAN, que permanentemente hicieron oídos sordos a las denuncias de los trabajadores de que el lugar estaba mal protegido contra este tipo de percances. Incluso hace dos años, en otro derrumbe en la misma mina subterránea, falleció un subgerente de la empresa porque era de los funcionarios que estaban en el lugar mismo del trabajo. El percance ocurrió a las 16:45 horas del jueves 5 de febrero en el llamado Rebaje 1021 de la mina subterránea. Hubo dos mineros con lesiones menores que no necesitaron hospitalización. Los derrumbes son frecuentes en ese Rebaje 1021, que responde a una falla de consideración en el terreno, ante la cual la empresa no toma medidas de protección para los trabajadores. El jefe de producción de la mina, Roberto Peña, obliga a los mineros a trabajar a la fuerza en ese lugar, bajo amenazas de despido o castigos. Los directivos de la mina no dieron parte a la autoridad para que no se siguiera el protocolo del caso. Se trata de una negligencia de Grupo Acerero del Norte. Los mismos trabajadores dijeron que Alonso Ancira debe garantizar condiciones de seguridad en sus minas, en vez de andar patrocinando la creación de sindicatos charros, como lo pretende en estos tiempos para darle ese carácter a la llamada ‘alianza minera’ que directamente el empresario pretende organizar en Monclova y en otras partes de Coahuila”.

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