ambién desde el terreno de la educación es cuestionable la decisión de reclutar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que fiscalice las acciones del Ejecutivo. Aparece como una manifestación más de la acendrada tendencia del Estado y del gobierno mexicanos a considerar que no hay mejor evaluación sobre sí mismo que la propia o, en un intento por cubrir las apariencias, a cargo de alguna amistosa y subordinada dependencia gubernamental. En la educación, desde tiempo atrás se ha propuesto como solución la creación de instancias formalmente autónomas como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y, más recientemente, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

En el caso de la CNDH, es evidente que desde hace años el derecho humano a la educación está lejos de cumplirse, y sin embargo desde ese organismo no se generan recomendaciones que le señalen su obligación de generar políticas e iniciativas que ofrezcan a niñas y niños, así como a los jóvenes, mejores y más humanas condiciones para el acceso y permanencia en la enseñanza a todos los niveles. Se argumenta (y ojalá no tengan razón) que a la comisión no le corresponde evaluar y recomendar en el terreno de políticas, sólo en casos particulares de violación a derechos humanos imputables a una autoridad. Pero aun en ese terreno, la actuación de la comisión dista de ser significativa, pues a pesar de que formalmente no están vinculados o subordinados al gobierno, la CNDH ha demostrado una visible tendencia a guardar silencio, omitir, minimizar o de plano rechazar las quejas concretas en temas de educación que cuestionen políticas globales.

Por ejemplo, desde 1996 la CNDH ha recibido por lo menos siete quejas (la última en 2013), acompañada esta última con una documentación probatoria de unas mil páginas sobre por qué y cómo se discrimina contra decenas de miles de mujeres y jóvenes de clases populares e indígenas, en el procedimiento de ingreso a la educación media de la Comipems en la ciudad de México. Sólo el examen que se utiliza ya es un problema, pues durante décadas, una y otra vez y en todos los estados de la República, en promedio las mujeres siempre obtienen una calificación menor a los varones. Y sin embargo, a todas esas quejas desde hace 20 años la CNDH nunca ha dado la razón, ni siquiera en algún detalle marginal, a quienes buscan resolver esa violación a la igualdad. La comisión, además, cuando contesta no argumenta, simplemente recita y da por buenas las argumentaciones (muy discutibles, por cierto) de la SEP e indefectiblemente concluye que ésta tiene la razón.

Por otro lado, desde 2002 se creó el INEE y en 2012, el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Y se añadió que la coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (artículo 3º constitucional) al que toca, según su ley, expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación, y, además, le corresponde fungir como autoridad educativa. Sin embargo, volviendo al caso Comipems, el instituto ha sido totalmente omiso frente al hecho de que planteles públicos dependientes de la SEP (Colbach, IPN, Conalep, DGTA, DGTI, DGB) mantengan una práctica de evaluación que consiste en subcontratar a una agencia privada (Ceneval), en la que incluso un anterior secretario de Educación fue presidente de su asamblea de asociados, y cobrarle el costo a las familias. Evidentemente, cabe la pregunta de si una evaluación de este tipo y de la que es responsable la SEP (la Comipems es un grupo de trabajo de esa dependencia) se adhiere a los lineamientos que expide la autoridad nacional en evaluación. Estos, por cierto, no deberían ser indiferentes a los derechos humanos.

Sin embargo, después de más de 20 años de la CNDH y 12 del INEE, es difícil afirmar de manera contundente que estas instancias se han convertido en poderosos entes fiscalizadores de la acciones del Ejecutivo en ese terreno y que con su insistencia y exigencia ante ese poder han contribuido a mejorar sustancialmente la vida y las oportunidades de educación para el común de los mexicanos.

En resumen, el tema SFP muestra que el gobierno (y tampoco estos organismos) no tiene idea de la profundidad del vacío que ahora se está creando respecto de los intereses y molestia de las familias, pueblos, comunidades y ciudades del país. Ayotzinapa cambia cada día al país, pues en contraste con el enojo que no cesa por la desaparición de 43 jóvenes estudiantes, se destaca más la inmovilidad de las instancias de Estado. Trabajo y educación para todos, libertad y derecho a la vida, y políticas concretas que respalden estas demandas, es lo que requiere un pueblo cada vez más cansado de la danza cupular. Pero, como se trasluce en los medios, en las redes y las protestas, evalúa y mide, pero con otra vara.

Sin su verbo, pero con su recuerdo, para Luis Javier Garrido.

*Rector de la UACM