Desde 2012, los procuradores de justicia del país acordaron fortalecer los mecanismos de revisión de ingresos y registro de las casas de empeño en el país. Sin embargo, después de más de tres años, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia no ha dado a conocer los resultados de las acciones y el número de delitos detectados.

Los protocolos de actuación no han sido homologados ni se han convertido en propuestas legislativas, señalaron funcionarios que participan en este organismo encabezado por la Procuraduría General de la República (PGR).

Los fiscales y procuradores de justicia consideraron necesario que las operaciones de las empresas propietarias de los centros o casas de empeño sean supervisadas, ya que en entidades con altos índices delictivos se llegó a detectar que joyas y diversos objetos que tenían reportes de robo eran localizados en esos sitios y los datos dejados por los pignorantes resultaban falsos.

En mayo de 2012, durante la XXVI Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, realizada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, fue la segunda ocasión en que los encargados de procurar justicia trataron el tema de las casas de empeño, pero la primera vez se llegó al acuerdo de trabajar en la elaboración de protocolos homologados que permitieran contar con una base de datos de operaciones y usuarios considerados inusuales, porque constantemente empeñan bienes que luego no son recuperados.

Presuntamente, las procuradurías y fiscalías desarrollarían la base de datos necesaria para realizar la supervisión; sin embargo, la única autoridad que cuenta con un registro nacional de este tipo de establecimientos es la Procuraduría Federal del Consumidor, la cual de manera administrativa ha realizado supervisiones en este rubro.