l presidente Enrique Peña Nieto anunció ayer en un mensaje al país la adopción de diversos procedimientos administrativos para prevenir la corrupción y designó a Virgilio Andrade titular de la Secretaría de la Función Pública, dependencia que permanecía acéfala desde el 30 de noviembre de 2012.

El principal elemento de contexto, citado por el gobernante, es el conjunto de revelaciones periodísticas sobre los inmuebles comprados por el propio titular del Ejecutivo, por su esposa y por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a dos contratistas prominentes del estado de México y, posteriormente, del gobierno federal.

Tales informaciones han dado pie a señalamientos por posibles conflictos de intereses y han deteriorado en forma significativa la imagen de la administración peñista, incluso en medios extranjeros que hasta hace poco la elogiaban.

Aunque la Presidencia, Angélica Rivera y el titular de la Secretaría de Hacienda dieron ya sus versiones de la forma en que tales propiedades fueron adquiridas, las explicaciones correspondientes no resultaron suficientes para despejar las sospechas públicas. Cierto, no bastaban: se requiere una investigación independiente que establezca de una vez por todas si los señalados incurrieron o no en conflicto de intereses.

En respuesta, el titular del Ejecutivo instruyó a la SFP investigar y resolver si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compra-ventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con un servidor, y enumeró, como ya se ha dicho, una serie de medidas para prevenir casos similares.

Lamentablemente, no parece probable que tales acciones basten para esclarecer las sospechas. La SFP fue desmantelada durante la administración calderonista y el actual gobierno se mostraba, hasta ayer, partidario de sustituirla por una comisión nacional anticorrupción, cuya fundación no se ha concretado a la fecha; la decisión de sacar de su letargo al organismo de la función pública habría parecido procedente de haber ocurrido antes de las revelaciones referidas, pero adoptada después de ellas corre el riesgo de ser vista como una medida de control de daños.

Por lo demás, resulta manifiestamente improcedente que un gobernante nombre a un funcionario subordinado para que lo someta a investigación, pues ello coloca al nominado como juez y parte. El espíritu republicano señalaría que el esclarecimiento, para ser verosímil, ha de corresponder a un poder independiente: el Legislativo o el Judicial.

En otro sentido, resulta preocupante que el gobierno decida situar la pesquisa bajo la tutela de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pues ello constituye una inadmisible cesión de soberanía y una tácita admisión de que las instituciones mexicanas no son capaces de enfrentar y combatir por sí mismas los fenómenos de corrupción y conflictos de intereses.

En suma, no parece probable que las acciones anunciadas ayer consigan restañar el descrédito que experimenta la presidencia actual ni contrarrestar la erosión institucional en curso. Y sin instituciones sólidas y dotadas de credibilidad y autoridad moral no será posible hacer frente con éxito a la grave circunstancia que enfrenta el país.