Las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no pueden considerarse cerradas hasta que se agoten todas las líneas de investigación, afirmó el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), y consideró que este caso no es aislado, sino parte de un fenómeno vigente en el país cuyo origen se encuentra en la impunidad de los crímenes cometidos durante la llamada guerra sucia.

Afirmaron lo anterior organizaciones de la sociedad civil, que pidieron que dicha entidad cree la figura de un relator especial para México, con la finalidad de que monitoree de forma permanente la situación de los derechos humanos en el país.

Stephanie Erin Brewer, responsable del área internacional del Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó en conferencia de prensa que durante su octavo periodo de sesiones el CED hizo de Ayotzinapa un tema central y pidió a las autoridades mexicanas que abran todas las líneas de investigación necesarias para llegar a la verdad.

Ese llamado se contrapone a lo dicho hace unos días por la Procuraduría General de la República de que la verdad histórica es que los jóvenes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en el basurero de Cocula.

De igual forma, el CED –que este 2 y 3 de febrero evaluó el nivel de cumplimiento de México de sus obligaciones internacionales en materia de desaparición forzada– aseveró que el de Ayotzinapa no es un caso aislado y preguntó varias veces sobre el motivo del cierre de la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.

Lo anterior, dijo Brewer, significa que la CED considera que hay un vínculo muy claro entre la impunidad en que quedaron las desapariciones forzadas de la llamada guerra sucia y las ocurridas en la actualidad.

Fue un análisis muy rico y valioso y esperamos que (en su informe final, el 13 de febrero) el comité formule recomendaciones concretas para el caso Ayotzinapa y en la parte estructural de cómo se abordan las desapariciones forzadas en general, afirmó.

Las organizaciones civiles anunciaron que pedirán a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que ordene crear la figura de un relator especial para México –similar al que tienen Somalia, Camboya, Sudán y Haití–, cuyo trabajo sería dar seguimiento de forma permanente a estos temas en la nación.

Otras iniciativas que los colectivos esperan ver en la recomendaciones finales son crear un mecanismo de investigación trasnacional, con protocolos para buscar con vida a los desaparecidos; generar una base de datos confiable y aprobar una ley general contra la desaparición forzada, con la colaboración de los familiares de las víctimas.