La oposición en el Congreso cuestionó la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de nombrar un nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), por considerar que se viola el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) emitido tras la reforma en 2013 a la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual establece la desaparición de la citada dependencia federal y la transferencia de algunas de sus atribuciones a otras secretarías como Hacienda.

Miguel Alonso Raya, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, recordó que ‘‘en aquel decreto se dispuso que la SFP siguiera en funciones hasta la creación del órgano constitucional autónomo en materia de combate a la corrupción’’.

En tanto, senadores de PAN y PRD que dictaminan la reforma anticorrupción consideraron que la decisión del Presidente es tardía y sólo ‘‘para control de daños’’, ante el deterioro de la imagen presidencial por los escándalos de la Casa Blanca y la de Ixtapan de la Sal.

En contraparte, el coordinador priísta, Emilio Gamboa, señaló que el nombramiento y las ocho medidas anunciadas ayer forman parte de su compromiso, desde que era presidente electo, de combatir la corrupción.

El líder de la bancada del PAN en San Lázaro, Ricardo Anaya, reprochó la determinación presidencial, pues ‘‘la solución de fondo no son las medidas administrativas sujetas a la voluntad del gobernante en turno, sino las reformas legales que se apliquen siempre a todos’’.

Al respecto, Gustavo Madero, presidente nacional del PAN, señaló que las medidas anunciadas ‘‘eran necesarias y urgentes ante los escándalos de presunto conflicto de interés en los que se vio involucrado el gobierno federal y que hasta la fecha no han tenido ninguna consecuencia ni sanción’’.

La dirigencia del PRD aseguró que las investigaciones sobre el posible conflicto de intereses deben ser exhaustivas e independientes, no encabezadas por ‘‘un subalterno, como lo es el titular de la SFP’’, por lo que demandó que el Congreso participe en las indagatorias.

En contraste, el presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, aseguró que la indagatoria ‘‘estará ajustada a la ley de tal suerte que, independientemente de la relación de orden formal del nuevo titular de la SFP, estamos seguros que la indagatoria tendrá como característica la transparencia’’.

Por su parte, Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, dijo que Virgilio Andrade, nuevo titular de la Función Pública, facilitará el avance de las reformas en materia de anticorrupción, así como de acuerdos políticos en las enmiendas pendientes.

En el Instituto Nacional Electoral el nombramiento suscitó opiniones encontradas. Horacio Duarte, representante de Morena, señaló que el presidente Enrique Peña pretende evitar que desde el Congreso se establezca una comisión investigadora independiente, considerando la cercanía de Andrade al PRI, sobre todo al dirigente petrolero, Carlos Romero Deschamps.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, destacó que Andrade es ‘‘un buen amigo, es un funcionario probo’’, y opinó que tiene una responsabilidad clave para la consolidación democrática del país, pues si hay un tema donde hay déficit es en la rendición de cuentas.

Por separado, Issa Luna Pla, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacó que si bien existe un ‘‘vacío jurídico’’ para la cancelación de las licitaciones públicas, la Presidencia de la República ‘‘no puede declarar inexistente’’ la instrucción dada a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para anular la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro.