La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá la demanda de amparo por responsabilidad patrimonial del Estado, por un monto de 460 millones de pesos, presentada contra el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), por incumplimiento de contrato para instalar un restaurante en la Biblioteca José Vasconcelos.

La querella fue interpuesta cuando Sari Bermúdez era titular del Conaculta, en razón de que las autoridades no cumplieron con las condiciones estipuladas en el contrato, además de que la mala construcción del inmueble (que costó más de mil 300 millones de pesos) y diversas irregularidades administrativas llevaron a la quiebra el negocio, según la parte actora Vanessa de la Llata Torres.

La demanda fue admitida días después de que la segunda sala emitió los primeros lineamientos respecto de cuándo procede reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado.

El órgano judicial determinó que la autoridad, para evitar el procedimiento de responsabilidad patrimonial en la vía administrativa, debe acreditar, de manera fehaciente, la regularidad de su actuación y que la carga de la prueba recae en la propia autoridad, para demostrar que que el daño irrogado al particular no fue consecuencia de la actividad irregular de la administración pública.

En este caso, el contrato entre el Conaculta y la quejosa, suscrito en 2006, era una concesión para establecer en la biblioteca el restaurante Mister Arrachera, de 337 metros cuadrados, que se ubicaría a un costado del auditorio.

De acuerdo con el convenio, la administración de Sari Bermúdez, cuya gestión fue duramente cuestionada por la Auditoría Fiscal de la Federación, al encontrar serias irregularidades en la cuenta pública 2005, se comprometió a garantizar que el aforo al inmueble sería de al menos 6 mil personas diarias, lo cual no se cumplió.

Además, que la biblioteca fuera cerrada durante más de año y medio, debido a goteras y otros problemas en la construcción, llevó a que en los hechos el restaurante no funcionara y que su mobiliario quedara arrumbado e inservible en el sótano del lugar, lo que derivó en el cierre definitivo.

La demanda sostiene que la administración de Bermúdez jamás se reunió con la afectada, lo que derivó en la presentación de la demanda, que inicialmente fue por 3 millones 780 mil pesos derivados de la inversión, un millón 500 mil pesos que le solicitó Conaculta como garantía y 650 mil pesos de mobiliario.

Después de un largo litigio, el asunto fue admitido por su importancia y trascendencia por el máximo tribunal.