Al defender en el Senado la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad y justicia, el representante de la Secretaría de Gobernación (SG), David Arellano Cuan, sostuvo que de acuerdo con ‘‘algunos estudios’’, tres cuartas partes de los municipios del país están involucrados con el crimen organizado.

El titular de la Unidad General de Asunto Jurídicos de la SG, recalcó que esa infiltración en 75 por ciento de los ayuntamientos tiene muchas modalidades, entre ellas que los funcionarios municipales estén en la nómina de los capos de la droga o que éstos impulsen a algún candidato en los procesos electorales.

A su vez, el jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, sostuvo que debe haber un nuevo modelo policiaco. Recalcó que la policía municipal debe desaparecer porque sus elementos están cooptados por el crimen organizado, a tal grado que son los jefes de las organizaciones criminales los que mandan y deciden.

Puso de ejemplo Guerrero, donde, dijo, el gobierno federal, a través del Ejército, tomó el control de 13 municipios porque no tenía confianza en las autoridades de seguridad municipales.

Ambos funcionarios fueron cuestionados por senadores del PAN y el PRD durante el segundo día de audiencias públicas en torno a la iniciativa de Peña Nieto. A Arellano Cuan lo criticaron porque en su intervención sostuvo que la intención de la iniciativa no es disolver los ayuntamientos, sino que desde la Federación se asuman las funciones de los involucrados con el crimen organizado ‘‘por un tiempo determinado que gira ‘‘en torno a la entrega y devolución del municipio a otras autoridades’’.

¿Es decir, ‘‘que el gobierno federal va a poner por dedazo a alguien al frente del cabildo?’’, le preguntó al funcionario de Gobernación el perredista Armando Ríos Piter. Recalcó que no logra entender cómo se pretende que van a encontrar de pronto a alguien con las atribuciones de confianza y legitimidad requeridas para asumir las funciones de los integrantes del ayuntamiento que se disolverá.

Señaló que se trata de una ‘‘mala iniciativa’’, que pretende dar una solución demasiado sencilla y fácil a un problema de magnitudes enormes.

El funcionario reconoció luego que la iniciativa no contempla cómo y cuándo se organizaría el proceso electoral para sustituir a la autoridad del ayuntamiento, ya que ello vendrá en una ley reglamentaria posterior.

A Tomás Zerón, el perredista Alejandro Encinas le dijo que es preocupante la intervención en 13 municipios de Guerrero, ya que ‘‘no es un asunto de confianza y menos si la expresión proviene del órgano responsable de la procuración de justicia. Es insuficiente que se hable de indicios; debe estar plenamente acreditado el involucramiento de los integrantes del ayuntamiento con la delincuencia’’.