El representante en México de la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio Luigi Mazzitelli, respaldó en el Senado la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto de desaparecer las autoridades municipales que estén infiltradas por el crimen organizado, aunque advirtió que debe ser ‘‘una medida temporal’’, en la que se fijen de manera muy clara los términos de la intervención y la reprogramación de las elecciones locales.

En tanto, el fiscal italiano Giovanni Tartaglia se excusó de opinar sobre la iniciativa del Ejecutivo federal, ya que dijo no tener la facultad de señalar si la propuesta es políticamente correcta y se limitaría a hablar sobre la experiencia de 25 años de Italia en la intervención de municipios atacados por la mafia.

Aclaró que no se trata de una medida de castigo, sino preventiva en apoyo a los ayuntamientos que sufren el embate del crimen organizado. Hizo notar que uno de los signos de la penetración de la Cosa Nostra, la Camorra y otras mafias criminales italianas fue la recurrencia de la entrega de contratos a una misma empresa.

Resaltó que el control del territorio no lo hacen las mafias a través de la violencia, sino vía el control de las empresas, y no utilizan balas, sino el sutil instrumento de la corrupción.

Al participar en el segundo día de las audiencias públicas en torno a la reforma constitucional de Peña Nieto, el funcionario de la ONU (Luigi Mazzitelli) precisó que ‘‘se debe sustentar de manera muy clara la disolución de la autoridad municipal comprobando la infiltración del crimen organizado o del narcotráfico con indicios claros, mostrando las relaciones directas o indirectas entre administradores municipales con el crimen’’.

Coincidió con el fiscal italiano (Giovanni Tartaglia) en que la disolución de ayuntamientos no debe ser considerada panacea para resolver los problemas que hoy vive México, pues se requiere además de otras medidas estructurales.

Mazzitelli subrayó que el impacto de la infiltración y del control eventual de las instituciones territoriales por el crimen organizado ‘‘puede ser irreversible’’, ya que implica la progresiva y complaciente sustitución de los principios de buen gobierno, de imparcialidad, de legalidad con los intereses privados de la cooptación criminal y de la opacidad en la administración.

Explicó además que la infiltración del crimen organizado en las administraciones públicas genera, primero, costos directos pagados por los ciudadanos del territorio en términos de servicios de mala calidad, como también por las empresas que generan trabajo y enriquecen el mismo territorio.

Asimismo, genera costos indirectos en términos de libertades políticas, de capacidad, de posibilidad de expresar, promover e implementar los derechos políticos, sin hablar de los costos pagados en términos de credibilidad por las instituciones y por todos los actores políticos que operan a nivel de territorio.

Abundó que la infiltración del crimen organizado en los municipios es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo, y en su desarrollo no necesariamente requiere el uso de la violencia. ‘‘La infiltración es progresiva, silenciosa. La violencia es solamente el brote; muestra qué tan debilitado y enfermo está el territorio’’.

En este contexto, aseveró que la disolución de las juntas municipales debería apuntar a ser una medida preventiva y posiblemente de carácter administrativo y no penal.