Los seis aspirantes a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconocen, en términos generales, la necesidad de reivindicar y legitimar el prestigio y la confianza ciudadana en el Poder Judicial de la Federación (PJF) ante la crítica situación que en materia de derechos humanos se vive en el país.

En los programas de trabajo que presentaron –requisito para oficializar su intención de suceder en la presidencia del tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a Juan N. Silva Meza– los togados reconocieron que el PJF también debe restructurarse para estar a la altura de las circunstancias.

Jorge Pardo Rebolledo planteó en su programa de trabajo que el país clama por un ambiente de estabilidad social, política y económica; existe un malestar general que no se debe minimizar. Es por ello que el Poder Judicial debe buscar, hoy más que nunca, el fortalecimiento y la preservación del orden constitucional.

Por su parte, Arturo Zaldivar Lelo de Larrea señaló que para reivindicar la legitimidad, el prestigio y la confianza ciudadana en la tarea que realizamos, debemos apostar por un Poder Judicial cercano a las personas, comprometido con los derechos humanos, con una visión renovada del derecho constitucional y absolutamente transparente.

Un Poder Judicial en el que se abran más canales de diálogo, tanto al interior como al exterior de la institución, a fin de que los grandes temas sean debatidos y las decisiones sean tomadas con una visión de largo plazo, desde el consenso y siempre orientadas a la máxima calidad en la impartición de justicia, reflejada en cada sentencia.

Mientras, Luis María Aguilar señaló que para el PJF la protección de los derechos humanos es una constante que nunca debe entenderse como tarea cumplida.

En este contexto del estado de derecho, sostuvo, no cabe ni el abuso de la autoridad ni menos la corrupción, y la actuación de los órganos jurisdiccionales del PJF tiene como finalidad exigir e imponer a toda autoridad el respeto irrestricto de los derechos humanos y el cumplimiento de la ley, mediante resoluciones vinculatorias y coercitivas.

A su vez, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena señaló que la sociedad “está cansada de la crisis social que atravesamos y busca una respuesta.

Las demandas sociales exigen del PJF la convicción de que el acceso a la justicia no es meramente una garantía formal, sino sustantiva y de contenido. El papel que lleve a cabo la Suprema Corte de Justicia, como garante de los derechos humanos, es fundamental para transmitir a la población que el Poder Judicial no va a permitir la perpetuación de la violencia ni la impunidad.

Fernando Franco González Salas indicó que hoy estamos viviendo un ambiente social y político convulso, en el que las autoridades han sido fuertemente cuestionadas, incluyendo a las que imparten justicia local y federal.

Por tanto, aseveró, todos estamos obligados a realizar un esfuerzo renovado para hacer frente a esos cuestionamientos con acciones y respuestas eficaces ante los legítimos reclamos de una mejor justicia, más expedita, oportuna y cercana a la gente.

Margarita Luna Ramos apuntó que frente a la realidad actual y demandas de superior calidad en la impartición de justicia, mi propuesta contempla también el desarrollo de un sistema de medición y evaluación del desempeño que integre factores cualitativos y favorezca la implantación de las mejores prácticas.

En el ámbito interno, los ministros ponen énfasis en fortalecer la carrera judicial y la capacitación de jueces y magistrados, sobre todo ante la inminente entrada del sistema penal acusatorio.