Hace 34 años, cuando Jorge Castañeda de la Rosa conducía la política exterior mexicana, la cancillería se embarcó en una intensa campaña de solidaridad para rescatar a una intelectual guatemalteca, Alaíde Foppa, secuestrada-desaparecida por el gobierno del dictador Romeo Lucas García el 19 de diciembre de 1980, botón de muestra de lo que se hacía entonces en la diplomacia del país.

Cuando estaba a punto de cumplirse el primer mes de la desaparición de la poeta y de su chofer Leocadio Axtún Shiroy, una comisión de notables mexicanos ofreció viajar a Guatemala para intentar obtener informes concretos sobre su paradero. El grupo sería encabezado por Gastón García Cantú, quien entonces era director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) e integrado por Leopoldo Zea, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Jorge Carpizo, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Juan José Bremer, director del Instituto Nacional de Bellas Artes, y Socorro Díaz, directora del diario El Día.

Aun reconociendo que la misión era peligrosa, como la calificaba el ex embajador mexicano en Guatemala general Rafael Macedo Figueroa, el gobierno federal comprometió todo su apoyo. “Incluso nos ofrecieron viajar en el avión presidencial (el TP Emiliano Zapata) para darle peso y cobertura”, recuerda Julio Solórzano Foppa, hijo de la escritora.

Días antes del viaje programado, Castañeda citó en sus oficinas a Solórzano para comunicarle el contenido de una nota formal enviada el 13 de enero por el Ministerio de Relaciones Exteriores al gobierno mexicano. El texto era una virtual amenaza.

“Al canciller, siempre tan contenido, le temblaban las manos por la indignación, mientras leía.

¡Es inaudito, que actitud increíble!, decía el canciller Castañeda.

La nota oficial advertía que los distinguidos intelectuales deberían servirse de tener presente que, con intención de dañar la reputación de Guatemala y de su gobierno, agentes del comunismo internacional podrían aprovechar su presencia en el país para causarles daños de cualquier gravedad, igual que sucediera a otros importantes ciudadanos, tanto guatemaltecos como extranjeros.

El viaje de la misión mexicana tuvo que ser cancelado. A esas fechas, casi un mes de su desaparición, no teníamos ninguna señal de vida de ella. Si hubiéramos tenido algo se habría corrido el riesgo, pero en esas circunstancias no podíamos pasar por alto las amenazas, porque en Guatemala las amenazas sí se cumplen, explica Julio Solórzano.

La búsqueda sigue

Ese fue el momento cumbre de la lucha colectiva que unió a las figuras más representativas de la cultura mexicana por una causa. Lo cierto es que en ese momento el gobierno mexicano se la jugó.

Desde las primeras citas que sostuvo Solórzano con Castañeda en la Torre de Tlatelolco el secretario le dijo: Vamos a hacer algo inusual. Normalmente no tendríamos por qué intervenir en este caso, porque tu madre es guatemalteca. Pero le vamos a dar trato de mexicana; vamos a buscarla como si fuera connacional.

Alaíde Foppa, que entonces tenía 67 años –este 2014 se cumple el centenario de su nacimiento– es un nombre más en la lista de desapariciones forzadas durante el conflicto armado de Guatemala, 50 mil en tres décadas de guerra. Los esfuerzos constantes de su hijo y dos hijas sobrevivientes, Silvia y Laura, por encontrar sus restos han sido infructuosos. En las pesquisas incluso ha intervenido el Equipo Guatemalteco de Antropólogos Forenses. Otros dos hijos de Alaíde, Juan Pablo y Mario, militantes de la insurgencia, murieron en combate.

Más de tres décadas después han encontrado indicios sobre la identidad de dos de los ejecutores del secuestro, probablemente militares. La investigación está en progreso por una demanda que se presentó ante la Suprema Corte durante el periodo en el que la fiscal general Claudia Paz y Paz, misma que cuando estuvo al frente del Ministerio Público como procuradora (2011-2014) presentó la demanda penal por genocidio contra el dictador Efraín Ríos Montt.

Imagen de la intelectual guatemalteca Alaíde Foppa, desaparecida hace 34 años, tomada del libro de Gilda Salinas

Un indicio significativo se encuentra en una nota publicada por El Gráfico el 19 de abril de 1982, donde se da cuenta que oficiales de bajo rango del Ministerio de Gobernación hurtaron documentos donde constan datos de los operativos de secuestro de Alaíde y de otra periodista, Irma Flaquer, quien escribía en el proscrito diario La Nación y que había desaparecido en octubre de 1980. Según estos documentos, las dos mujeres se encontraban con vida en una casa del ex ministro de Gobernación Donaldo Álvarez Ruiz, en unas habitaciones subterráneas.

Este personaje, contra quien se presentó una demanda penal ante la Audiencia Nacional de España por decenas de de-sapariciones y asesinatos en la era de Lucas, vivió 22 años en México (Tlalnepantla) bajo la mirada cómplice de autoridades mexicanas. Nunca procedió la orden de captura internacional en su contra.

Una versión comúnmente aceptada sobre las circunstancias de la desaparición de la escritora es que ella había salido de casa de su madre, Julia Falla de Foppa, en su vehículo y con su chofer; que habían ido a comprar artesanías al mercado central de la capital y que al salir fueron secuestrados.

Sus hijos tienen otra convicción. Mi mamá tenía tres hijos en la guerrilla. Juan Pablo había caído en combate en Nebaj, seis meses antes. Alaíde había hablado de su interés de involucrarse políticamente más a fondo.

Días antes del nefasto diciembre de 1980 la escritora había asistido a una reunión organizada en estricta clandestinidad, en Managua, con Luis Cardoza y Aragón y otras personalidades del exilio guatemalteco, que buscaban vías para apoyar al Ejército Guerrillero de los Pobres. Ahí se resolvió enviar a Alaíde Foppa a Guatemala con una carta o algo así, suponemos. Probablemente esa información se filtró y llegó a oídos de la inteligencia militar de Lucas.

En México, las alertas por la desaparición de Alaíde Foppa se echaron a andar desde el primer momento, activadas por sus amigas y compañeras de Fem: Elena Poniatowska, Marta Lamas, Margo Glanz y muchas otras.

Una detallada bitácora de gestiones está contenida en un engargolado que contiene oficios y telegramas intercambiados al respecto por los dos gobiernos, recortes de prensa, telegramas y cartas diversas y algunas notas manuscritas de funcionarios de la cancillería.

A instancias de estas mujeres, la SRE instruyó el mismo 22 de diciembre a la embajada mexicana en Guatemala solicitar todos los datos posibles sobre el paradero de la académica, que tenía, para entonces 25 años de radicar en México, cinco hijos mexicanos, una vasta obra y un sólido prestigio en el medio intelectual.

Las respuestas del gobierno militar de Guatemala rezuman cinismo. Primero las autoridades se deslindaron del secuestro en virtud del parentesco de Alaíde con el entonces ministro de Economía Valentín Solórzano, hermano de su difunto marido. En los días subsiguientes, sembraron en la prensa local versiones de que elementos subversivos habrían sido los responsables de la desaparición.

Fue la propia madre de Alaíde, Julia Falla, quien enfrentó esas versiones falsas cuando expresó ante una representante de la embajada mexicana que ella estaba segura que a su hija la secuestraron miembros del ejército de Guatemala. Así se le informó en mensaje cifrado al canciller Castañeda.