La presidenta de la Comisión de Trata de Personas del Senado, la panista Adriana Dávila, acusó que en la Cámara de Diputados las presiones de organizaciones civiles que lucran con las víctimas de trata, como la que preside Rosi Orozco y los gobernadores, motivaron a los diputados a modificar la minuta de ley que les enviaron senadores, en la que se tipificaba el delito de trata de personas, y no sólo la explotación sexual, como hicieron los diputados.

En entrevista, la senadora, señaló: En el Senado decidimos hacer una nueva ley de trata de personas porque la actual tiene deficiencias, fundamentalmente en la definición de los tipos penales. Actualmente el artículo 73 de la Carta Magna nos faculta para legislar en materia de trata de personas, secuestro y delincuencia organizada, entre otros, y se establece la necesidad de definir los tipos penales.

Señaló que en 2012 la protección a las víctimas fue vulnerada; fueron utilizadas para actos publicitarios y campañas políticas. Lo hemos dicho y señalado. Muchas de esas víctimas fueron utilizadas en campañas políticas por ciertas activistas, concretamente la señora Rosi Orozco.

Denuncia presiones

Se hizo una nueva ley en el Senado porque el instrumento jurídico vigente para sancionar la trata de personas está mal. En la Cámara de Senadores se empezó a trabajar en ese ordenamiento y tuvimos presiones, mismas que se trasladaron a la Cámara de Diputados. Entonces, los diputados están confundiento el tema. No es lo mismo trata de personas, que explotación sexual.

Detalla que desde febrero pasado solicitaron a las comisiones de la Cámara de Diputados que iban a dictaminar la minuta que les envió el Senado, que hubiera reuniones entre ambas Cámaras para explicarles el motivos de los cambios a la ley.

Reveló que hicimos no menos de cien llamadas al diputado Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los diputados del PRI, pero no nos recibió. Nos canalizó con dos diputados. El coordinador de los diputados panistas, nos recibió una ocasión, pero no fuimos atendidos.

La senadora insiste en que la minuta que aprobaron los diputados modifica sustancialmente la que envió el Senado, con lo cual la Cámara de Diputados deja en la impunidad a los tratantes de personas.