Las líneas de investigación de la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en el caso Ayotzinapa han sido limitadas e incompletas, mientras funcionarios se rehúsan a cuestionar la colusión entre el Estado y el crimen, advirtió Amnistía Internacional (AI).

El procurador general Jesús Murillo Karam ha fallado en reconocer que se trata de un crimen de Estado y no un hecho aislado. También olvidó mencionar la negligencia y complicidad del Estado en la investigación de una serie de denuncias contra el alcalde de Iguala y el hecho de no llevar a la justicia a los integrantes de la Policía Federal y local involucrados en el asesinato y tortura de otros estudiantes de Ayotzinapa en 2011, dijo el organismo.

A pesar de la evidencia que involucra al alcalde, subrayó AI, la investigación presuntamente fue cerrada en mayo de 2014, por lo que cualquier investigación iniciada ahora por el procurador general llegará demasiado tarde. Si se hubieran investigado otras violaciones graves a los derechos humanos, tal vez estos terribles asesinatos y desapariciones forzadas no hubieran tenido lugar, dijo Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.

Trágicamente, añadió, la desaparición forzada de los estudiantes es sólo el último de una larga serie de horrores sucedidos en Guerrero y el resto del país, y los que negligentemente las han ignorado son ellos mismos cómplices de esta tragedia.

En un comunicado, el organismo internacional lamentó que a pesar de los compromisos expresados por el presidente Enrique Peña Nieto, sus acciones demuestran lo contrario. Opinó que la inmiente gira internacional del mandatario demuestra el poco interés en hacer frente a la grave situación de los derechos humanos en México. En la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, 19 fosas comunes han sido encontradas y hay 74 personas detenidas, tras los hechos del 26 de septiembre cuando seis personas fueron asesinadas y desaparecieron 43.