Ayotzinapa, Gro.

En la explanada, a un costado del auditorio, los organizadores dispusieron suficientes sillas para representantes de cada una de las familias con desaparecidos. Salvo la primera fila, el resto se quedaron vacías. Los estudiantes hicieron una valla impenetrable y tras ella caminaron madres y padres, hermanos y hermanas, hartos ya de las cámaras y los micrófonos (y si hablo con usted, ¿voy a recuperar a mi hijo?, cayó el mazazo de una madre hace pocos días).

Las madres se fueron por el corredor de las lágrimas, protegidas por los muchachos. Quizá se sentían bien representadas por quienes hablarían, tal vez los más activos, los más formados políticamente. Uno de ellos resumió la respuesta al procurador Jesús Murillo Karam: primero dicen que están en fosas, luego que destazados y ahora que son cenizas inidentificables. Ya nos los mataron muchas veces y los van a volver matar.

La Procuraduría General de la República (PGR) comenzó a deslizar este desenlace hace varios días en el entorno de los padres de familia. ¿Para medir las reacciones? ¿Para saber si la historia y sus detalles tenían coherencia? ¿Para asegurar que fueron matados, quemados, triturados y echados al agua, pero que siguen oficialmente desaparecidos?

La clase política, naturalmente, también fue informada con antelación de la salida que se daría a un caso en que el gobierno federal mismo (es un asunto local) se entrampó.

Las declaraciones

Una decisión dolorosa, dijo el senador Emilio Gamboa Patrón, creyéndose hombre de Estado, pero siendo lo que es: un instrumento del presidente, como se decía antaño. Echen ojo a las declaraciones de dirigentes políticos y miembros del gabinete en los días previos. Se resumen en una frase de Gamboa: México tiene que seguir el camino (y eso que Murillo todavía no ofrecía su conferencia).

Los mataron pero oficialmente seguirán desaparecidos. Aunque acaban de verlo en el hangar de Chilpancingo –ya se va haciendo costumbre que el Alto Gobierno atienda asuntos espinosos sin tener que bajar del avión–, los padres miran la conferencia del hidalguense que redujo la matrícula de la escuela normal rural de El Mexe, Hidalgo, tanto o más emblemática que Ayotzinapa. Por cierto, el actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, completó la obra y cerró El Mexe, largo tiempo sede de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.

¿Habrá imaginado cualquiera de los dos que en el sexenio de las reformas se iba a atravesar en sus fulgurantes carreras políticas la hermana de El Mexe, Ayotzinapa, una escuelita de sólo 526 alumnos?

El gobierno sigue torturando a los padres

Felipe de la Cruz, profesor en Acapulco y padre de uno de los desaparecidos, lleva la voz cantante en el encuentro con los medios. Juzga así el informe rendido por el procurador: Es una forma de seguir torturando de manera descarada a los padres de familia. Queremos decirle que no aceptamos de ninguna manera esas declaraciones, porque incluso él ha dicho que no tiene la certeza.

Los padres repitieron una y otra vez que no se ha cumplido uno solo de los 10 compromisos que firmaron con el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos el pasado 29 de octubre.

Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, puso puntos sobre las íes al informar que el gobierno mexicano ha puesto reticencias y pretextos para firmar un convenio de asistencia técnica con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A pregunta expresa, abordó uno de los ángulos oscuros del caso Iguala: dijo que debe investigarse el papel del Ejército mexicano, tanto porque no haya habido prevención como por el hecho de que los militares no hayan contado con información de inteligencia sobre cómo estaban operando los grupos delincuenciales.

Las dudas del basurero

Cocula tiene tres basureros. Según información de la alcaldía, el más grande se ubica arriba del señalado por la PGR como el lugar donde asesinaron y quemaron los cuerpos de los normalistas. La gente de Cocula llama a ese sitio El Papayo.

Después de presentar un trozo de grabación con el testimonio de unos de los presuntos criminales, el procurador Murillo Karam explicó: “Corroboran estos dichos las declaraciones de dos empleados del área de servicios públicos del municipio de Cocula, quienes en su declaración ante el ministerio público señalan que cuando iban a bordo del camión de basura municipal identificado como la unidad 01 fueron interceptados por dos de los ahora detenidos, quienes les impidieron el paso y les ordenaron que regresaran. Esta versión fue en un primer momento narrada por dos de los detenidos y posteriormente confirmada por los propios empleados del municipio de Cocula, quienes además reconocieron a los detenidos como los mismos que les impidieron el paso, señalando que no se habían acercado a declarar de motu proprio en razón de tener temor a represalias. Viendo todo esto, entiende uno ese temor”.

La Jornada habló con los tres choferes de limpia de Cocula el 28 de octubre, cuando la PGR impidió el paso a los reporteros destacados en el lugar y sólo permitió la entrada de colegas de la lente que viajaron ex profeso desde el Distrito Federal.

Los choferes y sus ayudantes –gente sencilla y no muy reservada– dieron los siguientes detalles sobre el sitio ahora presentado como crematorio por la PGR: Transita por ahí mucha gente, gente campesina que va por leña con su burrito; también van pepenadores que van a juntar el plástico; ¿y cómo se llama el viejito? Un viejito va y quema cables, para sacar más fácil el cobre.

Hasta ese día, y pese a que era obvio que los primeros interrogados tendrían que ser quienes por su labor pasaban por ahí, las autoridades no habían requerido a ninguno de los empleados municipales.

Rosi Millán Peñaloza, uno de los choferes de limpia de Cocula –15 años migrante en Estados Unidos– miró las fotos del lugar donde ese día trabajaban los peritos: Sí, ahí es, y fue cuando explicó que en ese sitio ya sólo podían tirar ramas.

Desde el miércoles pasado (22 de octubre) los militares nos prohibieron subir. Su ayudante recordó que fue el jueves 23.

Teófilo Quesada y Reynaldo Flores, los otros dos choferes, dijeron que tenían mucho tiempo de no subir, por las malas condiciones del camino.

Cocula, ahora oficialmente escena del crimen, fue el primer lugar señalado en los rumores propalados por el gobierno de Ángel Aguirre. Varios reporteros visitaron ese municipio el sábado 4 de octubre, una semana después de los hechos. Ese mismo día había comenzado en el lugar un vasto operativo que no halló nada, o no lo dijo, entre el 4 y el 27 de octubre.

En esos primeros días de octubre, los reporteros se toparon con un retén en los cerros de Iguala. Ahí donde se encontraron las primeras fosas.

El 5 de octubre, este diario publicó el testimonio de un viejo policía judicial que, encanijado con el maltrato de sus superiores, dijo: Nomás usted lo va a saber: son nueve cuerpos. ¿Que por qué el procurador dijo que eran huesos? Pos porque los quemaron con diésel.

¿Qué sabía el viejo perjudicial que la PGR tardó tanto en descubrir?