El Estado mexicano promete garantizar la seguridad de las víctimas y sus familias, así como aplicar medidas urgentes de protección para la Normal Rural de Ayotzinapa.

Se realizarán los análisis de riesgo, individuales y colectivos, a efecto de contar con planes de protección adecuados a las vulnerabilidades y capacidades de cada una de las víctimas, se indica en la Propuesta de Plan de Atención a Víctimas de Ayotzinapa, Guerrero, elaborado por la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República.

Se aplicarán medidas de acuerdo con cada uno de los planes de protección, a través del fideicomiso para el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos, se indica en el texto entregado, para su valoración, a los representantes y familiares de las víctimas directas e indirectas de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.

Lo anterior, además de un plan de indemizaciones, en el contexto de la reparación del daño a cargo del Estado mexicano. La compensación para los deudos se fijará con base en estándares internacionales (La Jornada 7 de noviembre 2014).

En tanto, Julio Hernández Barros, responsable del Comité de Personas Desaparecidas, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, advirtió que en este caso se debe actuar bajo la premisa de que mientras no exista certeza de muerte, la búsqueda de los jóvenes debe realizarse con la presunción de que están vivos.

El proyecto de intervención y seguimiento integral para las víctimas y sus familias aclara que todos los servicios proporcionados por el Estado son gratuitos y se brindarán por conducto de instituciones públicas.

Sobre la asesoría legal, entendida como un derecho de las víctimas, se revisarán los mecanismos para respaldar el pago de gastos, costos y honorarios de esa representación legal.

En caso de que se requiera acompañamiento jurídico del Estado –se añade en el documento– se brindará en el ámbito penal y en otras materias, como puede ser la custodia en el caso de hijos dejados en la orfandad.

En el campo social el gobierno federal se compromete a incorporar a las víctimas y sus familias a los programas oficiales.

Adicionalmente, se cubrirán los gastos funerarios, pago de traslados, hospedaje y alimentos para asistir a diligencias.

Afirma que en el terreno médico se elaborará un diagnóstico de víctima para la atención integral de forma preferencial y gratuita.

Por lo pronto, los heridos y sus familias cuentan con custodia federal, dijeron funcionarios consultados.

Dos de heridos siguen en el Distrito Federal, en tratamientos médicos especializados y han manifestado su deseo de no volver al pueblo, agregó la fuente consultada.

Dijeron que solicitarán la colaboración de la administración de Guerrero para la reparación del daño.