Luego de que un juez de distrito admitió a trámite un amparo solicitado contra la llamada ley bala, que faculta a la policía de Puebla a abrir fuego contra quienes participen en manifestaciones de confrontación, cuatro juzgados más aceptaron peticiones del mismo tipo contra dicha norma, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

Simón Hernández León, abogado de este colectivo, señaló en entrevista con La Jornada que ayer los juzgados primero, cuarto, quinto, noveno y décimo de distrito, con sede en Puebla, aceptaron otras solicitudes de amparo, por lo que ya suman seis los recursos contra la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza, aprobada por el Congreso local a principios del mes pasado.

Dos de estos seis amparos los recibió el juzgado cuarto, que ya concedió suspensiones para que los elementos policiacos por ningún motivo puedan hacer uso de la fuerza contra las personas que ejerzan su derecho a la manifestación, abundó.

Para el litigante, el hecho de que se hayan admitido otras cinco peticiones para suspender provisionalmente la aplicación de la ley bala “es un signo de fortaleza, pues por lo general estos recursos no son admitidos si no hay un acto de aplicación. Ya pasaron el primer test, porque los jueces consideran que sí hay elementos para analizar la inconstitucionalidad” de la norma.

Asimismo, manifestó que hay elementos suficientes para comprobar que dicha norma es contraria a la Constitución, ya que las facultades de la policía para abrir fuego contra los manifestantes se justifican con argumentos desproporcionados y discrecionales, además de estar basadas en conceptos ambiguos, como marcha de contenido político o de confrontación.

De acuerdo con el abogado del Prodh, la audiencia constitucional para analizar el primer amparo admitido por el juez cuarto de distrito se llevará a cabo el próximo 12 de agosto, aunque todavía existe la posibilidad de que el gobierno de Puebla interponga un recurso de queja para que el tema lo analice un tribunal colegiado, como hicieron las autoridades de Quintana Roo.

Nuestro objetivo es impugnar estas leyes altamente violatorias de los derechos humanos. Si las comisiones públicas no actúan y subejercen sus facultades y su mandato, lo que queda a los ciudadanos es acudir a los juicios de amparo para echarlas abajo, indicó Hernández, quien advirtió que la policía poblana ya dijo haber aplicado la ley bala contra un bloqueo de carreteras el martes pasado.