Los defensores de derechos humanos en el país siguen expuestos a sufrir ataques e intimidaciones, en medio de la impunidad total, debido en gran parte a que su labor obstaculiza los intereses económicos de grupos del crimen organizado o de empresas trasnacionales, y a la complicidad del gobierno con estos poderes fácticos, señala la Red Todos los Derechos para Todas y Todos en su informe El derecho a defender los derechos humanos en México.

En dicho análisis, presentado ayer en el Club de Periodistas de México, la organización documenta 104 casos de agresiones contra activistas, sólo entre enero de 2011 y diciembre de 2013, que se tradujeron en 409 ataques, tomando en cuenta que cada evento puede estar formado por más de un acto violento y perjudicar a más de una persona.

De igual manera, el estudio detalla que de las 24 entidades donde registró ataques, las más peligrosas para los activistas son Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Chiapas, Distrito Federal, Coahuila y Puebla, y que los actos más frecuentes son amenazas de muerte, amenazas en general, agresiones físicas, detención arbitraria o ilegal, intimidación e incluso la muerte violenta.

A propósito de este último tema, la red –que agrupa a 74 organizaciones de todo el país– alerta que en el periodo analizado tuvo conocimiento de 27 defensores de derechos asesinados, 16 hombres y 11 mujeres, la mayoría de los cuales perdieron la vida en Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Oaxaca y Puebla.

Los autores del informe también señalan que los activistas más agredidos son los que se encargan de temas como defensa de los pueblos indígenas, protección de la tierra y el territorio, conflictos agrarios, recursos naturales –sobre todo el agua–, medio ambiente, megaproyectos en diversas comunidades y defensa de las mujeres y de grupos de diversidad sexual.

En cuanto a los perpetradores de los ataques, la red documentó que en la mayoría de los casos se trata de personas no identificadas. Por debajo de esta categoría se ubicaron las policías estatales y municipales, el Ejército Mexicano, la Policía Federal y funcionarios públicos de otro tipo.

Activistas de diversos colectivos manifestaron que la mayoría de las agresiones permanecen en la impunidad debido a la falta de acción de las autoridades encargadas de investigar los hechos.