Entre las principales carencias de los indígenas que están privados de la libertad en México se encuentra que la mayoría no tienen un traductor que conozca su lengua y su cultura, lo que les impide saber de qué se les acusa y, por tanto, armar una defensa adecuada, sumado a que muy pocos pueden costearse un abogado particular.

Así lo afirmó Leticia Escandón Carrillo, titular de la cuarta visitaduría general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien señaló que los indígenas también padecen de discriminación dentro de las cárceles, lo cual se traduce en negativa a prestarles servicios básicos de salud, por ejemplo, o a mantenerlos recluidos junto con los internos ya sentenciados, aunque ellos todavía estén en proceso.

De acuerdo con cifras de este organismo, en México actualmente hay 8 mil 486 indígenas presos (8 mil 196 hombres y 290 mujeres), de los cuales 7 mil 789 están acusados de delitos federales y 687 de ilícitos del fuero común. De ese total, 3 mil 18 se encuentran aún sin sentencia condenatoria (35.5 por ciento). Asimismo, las entidades con mayor cantidad de indígenas recluidos son Chiapas (mil 221), Oaxaca (mil 132), Puebla (mil 34), Veracruz (736), Guerrero (556) y el Distrito Federal (520).

Del total de internos pertenecientes a pueblos originarios –según el Informe Anual de la CNDH 2013, con datos agregados de enero de 2014–, 2 mil 36 son nahuas, 576 tzotziles, 552 tzeltales, 542 mixtecos, 522 zapotecos, 460 mayas y 380 totonacos.