La Secretaría de Gobernación (SG) tiene una plantilla de escasos 60 inspectores para constatar la legalidad de miles de juegos y sorteos en todo el país y ubicar a los establecimientos ilegales.

Tan sólo en el giro de casinos, el flujo de dinero en 2012 fue de 56 mil millones de pesos (dato de la Asociación de Permisionarios y Proveedores de Juegos y Sorteos); se desconoce la cantidad captada por venta de boletos en otro tipo de negocios del sector. Sin embargo, la SG vigila un porcentaje marginal de los movimientos.

En el caso específico de los sorteos, de enero a septiembre de 2013 fueron registrados 3 mil 459. De los reportes oficiales se desprende que los enviados de Gobernación optan por atestiguar la entrega de premios más que la construcción del proceso.

Es decir, de 3 mil 459 hechos sólo hubo presencia de algún inspector en uno por ciento del ‘‘sembrado’’: distribución aleatoria de números que serán premiados. La SG supervisó apenas 2.8 por ciento de la ‘‘adjudicación por sorteo’’, modalidad en la que participan varios compradores que realizan pagos para adquirir un bien, en la cual se realiza un sorteo para determinar el ganador.

Asimismo, el ente regulador dio fe de la legalidad de 4 por ciento de los procesos de conteo (verificar que los boletos concentrados corresponden a los participantes), estuvo en 11.4 por ciento de la etapa de verificación (comprobación de la mecánica de cualquier tipo de sorteo de acuerdo con el permiso otorgado) y en 23.7 por ciento de los episodios de concentrado, esto es, cuando se corrobora que los boletos concentrados corresponden a los boletos participantes.

Hubo un inspector en 27.4 por ciento de los sorteos (selección previa de un número o combinación de números o cualquier otro símbolo que se hará acreedor a un premio), y en 29.4 por ciento en la entrega de los mismos. En cuanto a otras inspecciones, Gobernación dijo que durante 2013 estuvo presente en 187 sorteos de la Lotería Nacional y en 2 mil 374 de Pronósticos para la Asistencia Pública (tampoco se detalla el número total de eventos de estos organismos).

Adicionalmente, la SG debe vigilar la realización de carreras de caballos, peleas de gallos y otros juegos con apuestas en ferias regionales. Tan sólo en los primeros cinco meses de 2013 se entregaron más de mil permisos para pelea de gallos y 321 de carreras de caballos.

Los inspectores deben atender la operación de más de más de 300 casinos, reportados actualmente por los permisionarios, pero también detectar a los que funcionan sin la autorización de Gobernación.

La Dirección General de Juegos y Sorteos informó que de octubre de 2013 a mayo de 2014 clausuró 33 negocios de ese tipo, operados en la ilegalidad.

Los casinos estaban abiertos con determinado nombre comercial, dependiente igualmente de una empresa establecida, es decir, a la vista de todos, en las siguientes entidades: Jalisco (9), Sonora (5), estado de México (3), Sinaloa (3), Colima (3), Michoacán (3), Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Baja California Sur, Guerrero, Nayarit, Tamaulipas y Chihuahua.

Las clausuras anteriores son adicionales a los cierres a negocios de permisionarios registrados; el operativo más reciente fue en la empresa Entretenimiento de México, de los hermanos Rojas Cardona, que operaba 26 casinos.

Hace un año, la titular de la Dirección de Juegos y Sorteos de la SG, Marcela González Salas, explicó a un grupo de diputados el ‘‘crecimiento exponencial’’ de los juegos con apuestas en el país, en especial luego de la autorización del reglamento de la ley del ramo en 2004. Habló de la ‘‘complicada armonización’’ de las leyes federal, estatales y municipales, así como de la necesaria conjugación de las mismas para evitar el juego ilegal, lavado de dinero y la participación del crimen organizado.

La funcionaria les informó de que los 32 permisionarios, registrados en mayo de 2013, tenían en conjunto 409 casinos en operación, pero sus permisos les daban una capacidad de abrir hasta 775 establecimientos en todo el país.

En ese momento, el mayor número de casinos en una sola entidad estaban en Baja California, con 41; Nuevo León, 45, Jalisco, 37, Distrito Federal, 39, y estado de México, 35.

Ante los legisladores, González Salas dijo que el número de inspectores disponibles era ‘‘absolutamente insuficiente’’. Este personal recibía ‘‘salarios raquíticos’’ de 8 mil 500 pesos al mes y era susceptible de actos de corrupción o de violencia. ‘‘A un inspector le dieron una golpiza’’, dijo. Hubo sin embargo un avance presupuestal que permitió pasar de 41 a 59 inspectores y se fortaleció el área jurídica.

Esta plantilla de supervisores está a cargo de un sector con una actividad legal importante, pero también para detectar el juego ilegal; el año pasado se calculaba que podrían estar operando en México alrededor de 70 mil máquinas no registradas ante la autoridad.

Por lo pronto, está en proceso de discusión e integración una nueva ley de juegos y sorteos, cuyo eje es la creación de un instituto nacional que prevé, entre otros factores, elevar sustancialmente las sanciones y evaluar a todos los permisionarios y operadores actuales.