El abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Luis Raúl González Pérez, señaló que las organizaciones del crimen organizado han impuesto un clima de terror y desaliento en diversos estados del país, creando con el poder de la violencia límites a la libertad de expresión e información, a consecuencia de las agresiones, amenazas y presiones contra editores y reporteros, lo que ha derivado en que algunos medios se nieguen a publicar información relativa al narcotráfico, incluso aquella surgida de fuentes oficiales.

Al participar en el seminario denominado La protección de la libertad de prensa a la luz de la reforma constitucional al artículo 73, retos y desafíos, que organizó el Instituto Nacional de Ciencias Penales, aseguró que el ejercicio del periodismo enfrenta importantes desafíos que, si naturalmente no se atienden y resuelven, impedirán la consolidación de nuestra democracia.

El catedrático apuntó que es ampliamente reconocido que la calidad democrática de un Estado se mide por el tamaño de sus libertades y de manera muy especial el de la libertad de expresión, ya que periodistas y comunicadores hacen de la comunicación el instrumento esencial para el ejercicio de su profesión y contribuyen de manera fundamental en la construcción de la democracia, razón por la cual el Estado debe garantizar que su desempeño sea acorde con los requisitos que permitan el pleno ejercicio de las libertades.

Durante su discurso reconoció que el proceso de transición gubernamental y la consolidación de la democracia en el país ha traído, como una de sus naturales consecuencias, una mayor apertura a la libertad de expresión de periodistas y comunicadores; sin embargo, apuntó, el ejercicio del periodismo sigue enfrentando importantes desafíos que deben ser atendidos.

Aseguró que además de que se presentan casos contra la libertad de expresión, como la censura a la información antes de que sea difundida, existen nuevos retos, como son las agresiones y amenazas directas, “mediante las cuales los agentes del poder público federal o local intenta coartar la libertad de expresión.

A esto se suman las agresiones por parte de los poderes fácticos y de las organizaciones del crimen organizado, y estas últimas, como sabemos, han impuesto un clima de terror y desaliento en diversos estados del país.

Ante el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam; representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como Javier Hernández; de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y Frank La Rue, relator especial de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión, indicó que en el país existen medios de comunicación y periodistas que han recurrido a la autocensura para evitar convertirse en víctimas de venganzas y represiones por parte de grupos de la delincuencia organizada.

Por ello, dijo, la omisión del Estado para efectuar una investigación efectiva y completa de los ataques contra los comunicadores sociales o la falta de sanciones de tipo penal a los autores materiales e intelectuales de ataques a comunicadores, resultaría muy preocupante, en virtud de que genera un clima de impunidad.