En el contexto de las críticas hechas recientemente a juzgadores federales por tener vínculos con personas ligadas a casas de juego, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan N. Silva Meza, reconoció ayer que si las juzgadoras y juzgadores queremos independencia y autonomía, debemos, antes de manifestar cualquier tipo de exigencia, honrar en nuestras vidas pública y privada, los valores del Estado democrático.

Silva Meza agregó que el Poder Judicial de la Federación quiere que la sociedad tenga la certeza de que los juzgadores funcionan a partir de normas, procedimientos y reglas claros suficientes para identificar y sancionar las conductas de aquellos elementos que no se conduzcan con estricta honorabilidad.

Los jueces constitucionales, aseveró, debemos ser responsables de nuestros actos, debemos ser juzgadores íntegros.

En lo que pareció una explicación por la decisión del Consejo de la Judicatura Federal –el cual también preside– de suspender sin goce de sueldo a los magistrados Eduardo Ochoa Torres y José Manuel Rodríguez Puerto, así como al juez Javier Rubén Lozano Martínez por presuntos vínculos con Juan José Rojas Cardona, conocido como El zar de los casinos, Silva Meza dijo: Queremos que la sociedad cuente con impartidores de justicia intachables, que no comprometan su criterio o que desahoguen los juicios en cauces ajenos a lo legalmente establecido.

Al encabezar la presentación del informe Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas, el ministro presidente hizo votos para que la sociedad se sienta cercana a sus juzgadores, porque los jueces constitucionales –indicó– sabemos de la importancia que nuestro trabajo tiene para la sociedad.

En el acto estuvo presente Jesús Orozco Henríquez, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y no asistió ningún ministro de la Suprema Corte, ni ningún consejero de la Judicatura Federal.