l secuestro de más de 200 niñas en un colegio de la provincia de Brono, Nigeria, reivindicado por la milicia islámica Boko Haram, ha generado una ola de repudio internacional en la que participan líderes políticos, activistas y celebridades del espectáculo, además de una intensa campaña en redes sociales cuyo denominador común es la exigencia de la liberación de las menores. Como parte de estas reacciones, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, afirmó ayer que los actos del grupo armado referido van contra el derecho internacional y no pueden justificarse bajo ninguna circunstancia, en tanto que gobiernos de países como Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido y Canadá han ofrecido ayuda a Nigeria con el fin de participar en la operación para liberar a las menores.

El gobierno de México repudió el hecho en un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el que condenó los actos perpetrados por el grupo extremista Boko Haram y señaló que nuestro país se solidariza con los familiares de las víctimas, así como con el pueblo y el gobierno de Nigeria.

Sin desconocer que la acción del referido grupo fundametalista es abominable y sin afán de minimizar el secuestro de niñas para esclavitud sexual, el escándalo internacional actual contrasta con la tradicional indolencia de los gobiernos y las sociedades occidentales ante las tragedias sociales y humanas que ocurren en África con exasperante frecuencia, y parece teñido de hipocresía si se tiene en mente la tolerancia de los gobiernos y organizaciones internacionales hacia las prácticas de trata de personas y esclavitud sexual que se registran diariamente en todo el mundo, ya sea en naciones convulsionadas y con entramados institucionales débiles, como la propia Nigeria, o en países desarrollados en los que se da por sentado la aplicación del estado de derecho, como Estados Unidos, Francia o Alemania.

En el caso de nuestro país, el pronunciamiento oficial en torno al secuestro de niñas en Nigeria no se corresponde con un compromiso gubernamental efectivo en el combate a crímenes como el comentado: si así fuera, las autoridades federales, estatales y municipales debieran empezar por hacer frente al exasperante fenómeno de la trata de personas en nuestro país, que actualmente afecta a unos 70 mil niñas y niños, de acuerdo con un diagnóstico de la ONU y la Secretaría de Gobernación, y que, a juzgar por los datos disponibles, goza de cabal salud en el territorio nacional. Basta citar, por ejemplo, los resultados del diagnóstico Instrumento de evaluación de tráfico humano, realizado en nuestro país por la American Bar Association (ABA), según el cual se detectaron 47 bandas dedicadas a la trata de personas para fines de explotación sexual y laboral, y cuyas operaciones se centran particularmente en Quintana Roo, Distrito Federal, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala.

Es necesario, sin duda, que las autoridades nigerianas empleen todos los recursos a su alcance para encontrar y liberar a las jóvenes raptadas y que otros gobiernos aporten su auxilio en la tarea. Por lo demás, la consternación e indignación actuales debieran dar pie para imprimir un nuevo ímpetu a la lucha contra la trata de personas y la moderna esclavitud.