A un día de que venza el plazo legal para que las entidades federativas armonicen sus legislaciones con la Ley General de Víctimas (LGV), sólo una tercera parte de ellas ha avanzado de manera aceptable en este sentido, mientras que el resto tiene sólo un nivel de cumplimiento parcial o no ha hecho ningún tipo de progreso, denunció la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), cuya anterior presidente, Olga Noriega, renunció el martes pasado.

En conferencia de prensa, los integrantes de dicho organismo explicaron que únicamente 11 entidades han cumplido de forma satisfactoria con la mayoría de los ocho puntos que se requieren para consumar este proceso, cuyo plazo límite es el 3 de mayo: Baja California, Coahuila, estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Jalisco, Tlaxcala, Veracruz, Querétaro y Quintana Roo.

Las entidades cuyo nivel de cumplimiento es parcial son Aguascalientes, Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, San Luis Potosí, Yucatán, Tabasco, Sinaloa, Sonora, Nayarit, Chihuahua, Zacatecas y Durango.

En el otro extremo, aquellas que se encuentran en una situación de incumplimiento de su obligación de adecuar sus normas con la Ley General de Víctimas, son Baja California Sur –que no ha cubierto ningún requisito del proceso–, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán e Hidalgo.

Jaime Rochín, nuevo presidente de la CEAV –quien asumió el cargo tras la renuncia de Olga Noriega– hizo un enérgico llamado a que las entidades federativas se comprometan a adecuar sus legislaciones con la LGV.

No se trata de complacencias ni de buena voluntad. Son disposiciones legales que todos estamos obligados a acatar, enfatizó Rochín, quien indicó que los estados omisos y displicentes no le están fallando a la CEAV, sino a la sociedad en su conjunto.

Por su parte, el comisionado Julio Hernández Barros consideró que si algunos gobernadores no han hecho esta labor es por indiferencia hacia las víctimas, a quienes pretenden invisibilizar simplemente diciendo que en sus estados no existen, lo cual significa en los hechos un acto de complicidad con los agresores.