La Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta que indica que los integrantes de las Fuerzas Armadas que cometan delitos contra ciudadanos sean juzgados en tribunales civiles. Al concluir el proceso legislativo, el documento se envió al presidente Enrique Peña Nieto para que sea promulgado.

Por unanimidad, con 428 votos a favor, se avaló el texto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en materia de justicia militar, cuyos objetivos consideran fundamentalmente en acotar el fuero de guerra, armonizar el sistema de justicia penal militar al nuevo sistema penal de corte acusatorio, adversarial y oral, actualizar conceptos del nuevo sistema penal y de protección a los derechos humanos.

La redacción del dictamen contó con la participación de académicos, militares y organizaciones de la sociedad nacional e internacional y recogió los criterios jurídicos dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y atiende a las recomendaciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Así se alcanzó un equilibrio entre las restricciones del fuero de guerra en términos del artículo 13 constitucional, prohibiendo de forma expresa que los tribunales militares conozcan de asuntos en los que estén implicados un civil y la disposición militar como el bien jurídico aglutinador de los valores castrenses.

Se modificó la legislación para que el Ministerio Publico Militar avise al Ministerio Público Civil de los casos en que estén implicados civiles, a fin de que este último haga las actuaciones correspondientes. En los casos que se encuentre implicado un civil en actos militares constitutivos de un delito, la competencia judicial corresponderá a los tribunales federales siguiendo las consideraciones que los militares son empleados de la Federación.

La reforma considerada en San Lázaro como histórica contempla la incorporación del principio de presunción de inocencia, la figura jurídica del juez de ejecución de sentencias, actualizaciones de conceptos como la Policía Judicial Militar, a la Policía Ministerial Militar, de reos a implicados, procesados a sentenciados, de pena corporal a pena privativa de libertad, se armoniza la justicia militar con el nuevo sistema penal y la protección de los derechos humanos de los propios militares.

También incorpora los hechos delictivos cometidos por un menor de 18 años, que esté presentando su servicio en fuerzas armadas conforme a lo dispuesto en el artículo 18 constitucional, el que será remitido a las autoridades encargadas del sistema de justicia para adolescentes.