Las reformas al Código de Justicia Militar, concretadas el miércoles anterior en la Cámara de Diputados, son un paso en la dirección adecuada, pues limitan la jurisdicción castrense en aquellos casos donde personas civiles hayan sido víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de uniformados, aunque todavía hay diversos puntos de la iniciativa que siguen generando preocupación, advirtieron organizaciones de la sociedad civil.

En un comunicado conjunto –firmado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Investigación y Análisis Fundar y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)– los colectivos celebraron que estas modificaciones cumplen con una orden planteada en cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano.

Además de impedir que una violación a los derechos humanos de una persona civil sea investigada o juzgada por las instancias castrenses, dijeron, las reformas tienen otros aspectos atinados, como restringir la capacidad de estos juzgados para actuar en casos que involucren a menores.

Sin embargo, alertaron los colectivos firmantes, diversos puntos siguen generando preocupación, como el hecho de que no se haya restringido la extensión de las facultades militares en casos de violaciones a derechos humanos de militares cometidas por sus compañeros de armas.

Entrevistado sobre el tema, Édgar Cortez, investigador del IMDHD, señaló también que otro aspecto pendiente sobre este tema es garantizar la independencia y autonomía de los órganos militares de procuración de justicia, para que sus integrantes no sean nombrados guiándose exclusivamente por una cuestión de jerarquías.

Por otro lado, aunque no es un punto que se haya discutido en el contexto de estas reformas, consideró que es fundamental discutir la necesidad de que las fuerzas armadas ya no participen en tareas de seguridad pública, y que las autoridades creen más bien una estrategia de seguridad ciudadana.