Organizaciones sociales manifestaron su preocupación ante el debate que este lunes se efectuará en el Senado sobre la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, en la cual se aborda la restricción y suspensión de derechos y garantías fundamentales, pues esta discusión ocurre en un contexto en que se limitan cada vez más las libertades democráticas.

En un comunicado conjunto, las asociaciones firmantes advirtieron que el proyecto de dictamen que se discutirá mañana justificaría la restricción o suspensión de derechos humanos con el pretexto de la invasión o perturbación grave de la paz pública.

De igual forma, alertaron que ese documento alude de manera muy laxa a otros casos que pongan a la sociedad en grave peligro o conflicto para justificar la suspensión de garantías, lo que representa un margen muy amplio de discrecionalidad en el que múltiples situaciones pueden ser consideradas por el Ejecutivo como causas suficientes para establecer el estado de excepción.

Los colectivos –entre ellos el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Artículo 19 y Fundar– recordaron que la iniciativa de ley reglamentaria tiene su origen en la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, en la cual fue incluida con una perspectiva garantista.

Sin embargo, en la reforma del pasado 10 de febrero, se volvió a modificar este artículo, enmarcando el debate en un contexto de criminalización de la protesta social, que ha tenido como una de sus expresiones la modificación de los marcos normativos con el objeto de castigar o inhibir las muestras de disenso y de manifestación pública.

Asimismo, la desnaturalización de figuras legales provoca que bajo ciertas circunstancias y con una intencionalidad política, éstas pueden ser desviadas de sus propósitos y usadas indebidamente contra grupos sociales.

Por todo lo anterior, las organizaciones firmantes llamaron al Senado a que esta iniciativa sea rigurosamente analizada, cuidando la taxatividad y estableciendo un catálogo cerrado de situaciones para decretar el estado de excepción, con apego a estándares de derechos humanos y con controles efectivos para ello.