El retraso de la gran mayoría de los estados en llevar a la práctica a nivel local la Ley General de Víctimas (LGV) no sólo es responsabilidad de dichas entidades, sino que también es producto de la falta de intervención del gobierno federal, que estaría impulsando una estrategia concertada para minar esta legislación desde antes de que entre en vigor, advirtió Silvano Cantú, abogado especialista en temas de derechos humanos.

La Secretaría de Gobernación (SG) se justifica diciendo que como los estados no han armonizado sus disposiciones locales con la Ley General, ellos no pueden emitir el reglamento, pero eso es falso. Lo que intenta el gobierno federal es seguirlo postergando para descarrilarla, lo cual provocaría un daño mayúsculo, afirmó el litigante.

De acuerdo con Cantú –quien fue uno de los principales impulsores de la LGV--, la tardanza de la gran mayoría de las entidades para emitir sus leyes estatales de víctimas, cuyo plazo legal se vence este 3 de mayo, ocurrió debido a la falta de interés del gobierno federal en el tema.

La administración de Enrique Peña Nieto, dijo, no ha actuado de manera alguna para evitar que siga retrasándose la emisión de legislaciones locales o para que éstas no se desvíen del espíritu de la Ley General de Víctimas. Si los estados han errado el camino o no han cumplido con los plazos previstos, también hay que reprochárselo a la SG y hacer una investigación sobre ello.

Luego de enfatizar que esta cadena de omisiones y faltas graves a la LGV no puede ser más que una estrategia concertada entre la Federación y los estados, el abogado alertó que este escenario generará un sentimiento de frustración entre las víctimas cuyas consecuencias pueden ser muy negativas.

Las autoridades siguen con una retórica de apertura que en realidad es muy tramposa, porque en realidad apuestan a defraudar las expectativas de las víctimas en su ley. No sé hasta dónde quieran estirar la cuerda los estados, pero deben tener claro que van a generar un sentimiento de frustración entre las víctimas que nadie va a poder contener, manifestó.

Consultada sobre este mismo tema, la presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Olga Noriega Sáenz, admitió que en este organismo hay cierta preocupación porque va lento el proceso de que los estados adecuen sus legislaciones con la LGV, pero confió en que los gobernadores y congresos locales muestren disposición de avanzar con más celeridad.

Aunque se negó a mencionar cuáles son los estados con mayor nivel de rezago –aspecto sobre el que dará una conferencia de prensa el miércoles entrante--, la funcionaria advirtió que si los gobiernos locales no cumplen con su labor de crear sus propias comisiones de víctimas, fondos de reparación y asistencia, asesoría jurídica y registro de víctimas, las consecuencias serían gravísimas.

Si no atienden a las personas en sus estados en un plazo de 30 días, se va a formar un cuello de botella en la CEAV y no vamos a tener capacidad de darle atención a tanta gente. Las víctimas ya no pueden esperar más, necesitamos del apoyo de todas las entidades federativas para este trabajo común y coordinado, aseveró.