ué pasa cuando la competencia falla?, ¿y qué cuando falla una vez y otra vez y otra vez?, pregunta formulada hace algunos meses por Ed Miliband, líder del Partido Laborista en Gran Bretaña. Con respuesta tajante: el gobierno tiene que actuar
. Por ello, en su discurso ante los miembros de su partido en septiembre pasado, prometió que de ganar los laboristas la elección del 7 de mayo de 2015, congelarían las facturas energéticas de mayo 2015 a diciembre 2017. Sí, 20 meses de tarifas congeladas.
Las reacciones no tardaron. Los defensores del mercado –eléctrico, primordialmente– han salido a polemizar con Miliband. Ya lo llaman populista. Incluso lo consideran un peligro para el futuro de Gran Bretaña. Y polemizan con él las compañías –las seis grandes, primordialmente– verticalmente integradas que concentran la mayoría del mercado británico de electricidad y gas natural. Y muchas firmas de asesoría y académicos ortodoxos. Y es que desde hace poco más de 15 años, los casi 27 millones de hogares británicos han tenido la posibilidad de elegir su proveedor de electricidad, también de gas natural. Sí, los usuarios domésticos –como se les denomina en México– han podido seleccionar su proveedor de electricidad entre las que compiten en el segmento de la comercialización del fluido eléctrico y, algunas de ellas, también en la comercialización del gas natural. Allá tienen mucha influencia la media docena de empresas que controla 95 por ciento del mercado de la energía en Gran Bretaña, las famosas big six
: 1) Brithis Gas, del poderoso grupo británico Céntrica, con cerca de 10 millones de consumidores; 2) NPower, del gigante alemán RWE, una de las cinco compañías de energía más grandes de Europa, con cerca de tres y medio millones de usuarios; 3) SSE, reciente fusión de varias compañías británicas, con más de 9 millones de usuarios y que, por cierto, ya comprometida a congelar
los precios de la electricidad y del gas de noviembre de 2013 a diciembre de 2016; 4) Scottish Power, del grupo español Iberdrola, y en franco debate con el gobierno británico sobre la reforma eléctrica actual y la nueva regulación británica; 5) E.ON (antes Powergen), parte del importante grupo alemán E.ON, con cerca de 5 millones de usuarios; 6) EDF, de la compañía estatal francesa que surte electricidad y gas natural a poco más de 5 millones de usuarios.
Pues bien, estas big six
afrontan en la actualidad la posibilidad de una intervención política y de regulación que no tiene precedentes en la Gran Bretaña. Se trata –políticos dixit– de restablecer el mercado de energía roto
. Ya de manera reciente, en febrero 2014, el ministro de Energía emitió un comunicado a las oficinas reguladoras para que analizaran los márgenes de ganancia de las compañías que atienden las necesidades energéticas de la población. Sí, en la Gran Bretaña se discute muy ácremente –créanmelo, por favor, dado incluso el contexto electoral– sobre las fallas de la competencia en el mercado eléctrico británico. Y los conservadores –hoy gobierno– han entrado a la arena del debate. Recientemente el ministro de Hacienda, George Osborne, a propósito de la presentación del presupuesto 2014-2015, señaló que los precios de la energía industrial en Estados Unidos eran la mitad de los de Gran Bretaña. Llamó urgentemente a reducir los costos de la energía. Y señaló la necesidad de adoptar medidas para ello, incluido –por cierto y con los riesgos que ello representa– un tope al impuesto al carbono, ese impuesto que por primera vez –y en forma muy limitada– se aprobó en México en la última miscelánea fiscal. Hay puntos muy severos a debate en la Gran Bretaña. Uno central: la competencia misma. Se discute una vez más si, efectivamente, hay competencia en los mercados de energía. Y si el ascenso continuado de precios de los últimos siete años no refleja –ante todo– poder de mercado. O una falla grave de éste, del mercado eléctrico, del mercado del gas natural. Además, se discute sobre los riesgos de tener la capacidad eléctrica instalada suficiente para afrontar la evolución futura de la demanda, que –sin duda– será crecientemente atendida por fuentes renovables que exigirán capacidad para respaldar su intermitencia. Entre 1986 y 1996 la Gran Bretaña se dio la tarea de desregular su industria eléctrica. Sustituir su tradicional esquema de supervisión de las grandes compañías eléctricas, de análisis de sus costos y de regulación de sus beneficios, por el nuevo esquema –hoy viejo esquema de más de casi 20 años– con competencia mayorista en la generación y competencia en la comercialización a usuarios finales. Si algo muestra el debate actual es que los propios británicos –unos y otros, conservadores, laboristas y liberales– indican que un elemento central a revisión es el costo de la energía, no sólo a los hogares británicos, sino a los comercios y las industrias. Claro que ya hay quienes responden a esa inquietud –por lo demás legítima– con el cinismo propio de los apologetas del mercado: la competencia garantiza los mejores pecios, pero nunca –nadie lo ha dicho– que los precios bajen. Así son. De veras. En este contexto cobra enorme relevancia la naturaleza y alcances de las iniciativas de mercado eléctrico y de mercado de gas natural que, en principio y ya con retraso, deberá entregar el gobierno al Congreso a más tardar este miércoles. Ya veremos.
