El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan entregó al relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Tortura, Juan E. Méndez, quien visita el país, un informe acerca de la persistencia en Guerrero de ese crimen de lesa humanidad.

Tras enfatizar que Guerrero es una de las entidades más rezagadas en materia de derechos humanos, debido a la impunidad en que han quedado gran número de desapariciones forzadas y otros delitos graves desde la época de la guerra sucia, el centro indicó que la tortura ha aumentado en el contexto del combate del gobierno al crimen organizado.

Un elemento que impide la erradicación de ese fenómeno en Guerrero, según Tlachinollan, es que el Ejecutivo local envió una iniciativa de ley, adoptada y promulgada por el Congreso en enero de este año, que pasa por alto las propuestas de la sociedad civil y no cumple con las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas contra la Tortura.

Las consecuencias de tipificar ese delito en una ley especial y no en el mismo Código Penal del estado, enfatizó Tlachinollan, es que los agentes del Ministerio Público terminan por no invocar estas normas e incluso por ignorar totalmente su existencia.

Además la investigación de las denuncias de tortura en Guerrero es prácticamente inexistente, pues a la carencia de un marco jurídico adecuado se suma la falta de capacidades forenses mínimas de policía y peritos, quienes no aplican las directrices del Protocolo de Estambul, instrumento internacional para identificar a víctimas de ese delito.

Agregó que la reforma del sistema de justicia penal aprobada en 2008 tiene un nivel de rezago enorme en el estado, y sigue sin acotarse el fuero militar, lo que impide que los crímenes cometidos por soldados contra civiles sean analizados siempre por la justicia ordinaria.

La organización de derechos humanos solicitó al relator que subraye en sus conclusiones la falta de sanción a los responsables de tortura, la necesidad de actualizar los marcos normativos del país con los estándares internacionales y la urgencia de reformar el Código de Justicia Militar.